Bajo el título “¿Malversación? El ‘alumno’ juega al ‘empresario’ con dineros públicos”, el referente del Partido Obrero (PO), Lisandro Martínez analiza la situación edilicia en el municipio. “El 19/6 www.vidadelanús.com denuncia que “el HCD vuelve a beneficiar a los especuladores inmobiliarios ilegales, con la excusa que se debe ordenar el tema edilicio que en el centro de Lanús ya presenta ribetes escandalosos; el Concejo Deliberante -como se viene repitiendo cada dos años-, prorrogó por 90 días corridos la regularización de obras particulares clandestinas (que en el caso de las torres de propiedad horizontal, están a la vista de todo el mundo)”, además señala que “el Ejecutivo ingresó un proyecto de adhesión a la Ley Provincial N° 13810 sobre “Régimen Nacional de Iniciativa Privada” y al “Régimen Nacional de Asociación Pública Privada”. Esta Ley habilita, entre otras cosas, a participar en licitaciones en obras públicas, con lo cual podríamos considerar que se trata de una relación necesaria para impulsar el tema de las Empresas Mixtas (SAPEM).
Las SAPEM fueron amañadas en 1998 por Menem, mediante la Ley de Emergencia Económica y Social N° 23.696 y la Ley de Reforma del Estado” N° 23.697. Ambas fueron los instrumentos legales para la privatización de todos los resortes de la economía nacional y respondieron a las “relaciones carnales” establecidas por el Consenso de Washington.
Menem y el régimen político (los memoriosos recordarán como festejó el honorable de Lanús), saludaron con champaña achicar del déficit fiscal, disminuir el gasto público, aumentar impuestos, dar altas tasas de interés para atraer capitales, fijar tipo de cambio estable, liberar las barreras arancelarias, estimular la acumulación en la iniciativa privada, desregular la economía.
Antes, la dictadura militar –siguiendo las mismas directivas- consolidó la libre operación de los mercados de capitales. La libre competencia (desprotección laboral para más productividad), redujo aranceles de importación y desvalorizó el peso respeto al dólar, liquidando la capacidad productiva del país y cualquier proceso de industrialización nacional. El estado transfirió gran parte de sus recursos a grupos financieros, empresas de servicios y grupos de industrias a través de subsidios, promoción industrial, compra de empresas deficitarias y estatización de la deuda privada, en contra de la empresa pública y del presupuesto para políticas sociales y educativas.
Las SAPEM están definidas en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 y, para que ningún bloque político luego diga “no sabíamos”, necesitan de dos actos para su creación: 1) la autorización por medio de Ley y 2) la Ordenanza Departamental o Acuerdo Municipal.
Este “carpetazo” que atrasa más de una década y está impulsado por la codicia lucrativa y el enriquecimiento ilícito, retrata a una clase social comprometida en destruir cualquier salida independiente para la nación y relata por sí solo el devenir de los progresistas, “pata izquierda” de este cadáver.
El “modelo productivo” K termina acoplado en las mismas relaciones carnales impuestas por el capital internacional a los genocidas y al menemato. Es el modelo que consolida la experiencia de los años noventa: privatizaciones y transferencia de riquezas públicas a manos privadas.
La SAPEM que va por hacer guita de Campomar tiene que emprolijar todavía el paño para hacer pasar el trago de vinagre al soberano. La titularidad de los terrenos de Campomar estuvo siempre bajo sospecha. Durante años el predio fue cedido a SEGBA por el Municipio. Cuando su paredón mató a 2 trabajadores, el propietario para el Municipio era la empresa Raisin SA (Página 12 25/8/05). Años antes, algún pillo intentó rematar el predio y fracasó. Luego en 2006 la legislatura de PBA expropió parte de los terrenos para un plan de viviendas populares. Díaz Perez (que no mordía en el emprendimiento quindimilista), lo rechazó diciendo “el emprendimiento será de índole privada, no estatal” (La Defensa 25/2/2009). El Plan de viviendas populares fue vetado por indicación del intendente Díaz Pérez y Solá.
Campomar fue siempre codiciada y ahora está inmersa en la picaresca de jugar al empresario con el dinero de los demás (los contribuyentes), socializar las pérdidas, embolsar las ganancias y, si cuadra, lavar guita negra; todo bajo el paraguas protector de las SAPEM.
¿A qué intereses sirven las SAPEM?
Los Rodríguez Saa desde el 2004, “encontraron una forma para hacer obras públicas sin licitar y sin control, para dárselas a los amigos. En San Luis todo es SAPEM y lo que se hace es subcontratar. La contratación directa es habitual y la licitación pública no existe. Las SAPEM pasan ha ser referencia ineludible para las constructoras privadas que buscan ampliar sus negocios en el territorio puntano. Las empresas que van asociadas con ella suelen tener más chances que el resto de los oferentes” (Los Andes 12/3/2009).
Para asegurarse el paso a la inmortalidad sin complicaciones judiciales, las SAPEM en Avellaneda, tienen un plazo de 50 años (Diario Hoy 5/4/2006).
El ingreso de capitales privados en áreas que son responsabilidad del Estado, le permitió a Cacho Álvarez privatizar el negocio del crematorio con “Crematorio Municipal de Avellaneda Sociedad Anónima” (2004) y dar datos estratégicos de la deuda de los vecinos a “Fiscalgis SAPEM”, empresa que se ocupará de cobrar deuda fiscal” (Política del Sur 20/1/09).
Las élites políticas creadas por los monopolios están subordinadas al plan maestro de rescate del capitalismo quebrado, crecen amamantadas por la teta pública. Esto muestra un funcionariado con obscenos salarios y prebendas, que ha ido transmutando hasta ser hoy parte del empresariado expoliador del tesoro público. La fusión entre los intereses de la patronal y el régimen político, intercambiando favores que les garantizan derecho “legitimo” –expresado en leyes y ordenanzas dibujadas y votadas para la ocasión-, les permite acceder a preciados recursos que anteriormente eran un bien del soberano.
El Acuerdo Cívico y Social comparte el proyecto de urbanización, aunque considera que hay un asentamiento cerca, industrias que generan olores y, si el Estado no modifica estas condiciones, este tipo de emprendimiento debe ser privado www.aplanus.com.ar.
La oposición en Lanús acuerda con las SAPEM y por lo tanto enfrentada con los intereses populares.
Las SAPEM fueron amañadas en 1998 por Menem, mediante la Ley de Emergencia Económica y Social N° 23.696 y la Ley de Reforma del Estado” N° 23.697. Ambas fueron los instrumentos legales para la privatización de todos los resortes de la economía nacional y respondieron a las “relaciones carnales” establecidas por el Consenso de Washington.
Menem y el régimen político (los memoriosos recordarán como festejó el honorable de Lanús), saludaron con champaña achicar del déficit fiscal, disminuir el gasto público, aumentar impuestos, dar altas tasas de interés para atraer capitales, fijar tipo de cambio estable, liberar las barreras arancelarias, estimular la acumulación en la iniciativa privada, desregular la economía.
Antes, la dictadura militar –siguiendo las mismas directivas- consolidó la libre operación de los mercados de capitales. La libre competencia (desprotección laboral para más productividad), redujo aranceles de importación y desvalorizó el peso respeto al dólar, liquidando la capacidad productiva del país y cualquier proceso de industrialización nacional. El estado transfirió gran parte de sus recursos a grupos financieros, empresas de servicios y grupos de industrias a través de subsidios, promoción industrial, compra de empresas deficitarias y estatización de la deuda privada, en contra de la empresa pública y del presupuesto para políticas sociales y educativas.
Las SAPEM están definidas en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 y, para que ningún bloque político luego diga “no sabíamos”, necesitan de dos actos para su creación: 1) la autorización por medio de Ley y 2) la Ordenanza Departamental o Acuerdo Municipal.
Este “carpetazo” que atrasa más de una década y está impulsado por la codicia lucrativa y el enriquecimiento ilícito, retrata a una clase social comprometida en destruir cualquier salida independiente para la nación y relata por sí solo el devenir de los progresistas, “pata izquierda” de este cadáver.
El “modelo productivo” K termina acoplado en las mismas relaciones carnales impuestas por el capital internacional a los genocidas y al menemato. Es el modelo que consolida la experiencia de los años noventa: privatizaciones y transferencia de riquezas públicas a manos privadas.
La SAPEM que va por hacer guita de Campomar tiene que emprolijar todavía el paño para hacer pasar el trago de vinagre al soberano. La titularidad de los terrenos de Campomar estuvo siempre bajo sospecha. Durante años el predio fue cedido a SEGBA por el Municipio. Cuando su paredón mató a 2 trabajadores, el propietario para el Municipio era la empresa Raisin SA (Página 12 25/8/05). Años antes, algún pillo intentó rematar el predio y fracasó. Luego en 2006 la legislatura de PBA expropió parte de los terrenos para un plan de viviendas populares. Díaz Perez (que no mordía en el emprendimiento quindimilista), lo rechazó diciendo “el emprendimiento será de índole privada, no estatal” (La Defensa 25/2/2009). El Plan de viviendas populares fue vetado por indicación del intendente Díaz Pérez y Solá.
Campomar fue siempre codiciada y ahora está inmersa en la picaresca de jugar al empresario con el dinero de los demás (los contribuyentes), socializar las pérdidas, embolsar las ganancias y, si cuadra, lavar guita negra; todo bajo el paraguas protector de las SAPEM.
¿A qué intereses sirven las SAPEM?
Los Rodríguez Saa desde el 2004, “encontraron una forma para hacer obras públicas sin licitar y sin control, para dárselas a los amigos. En San Luis todo es SAPEM y lo que se hace es subcontratar. La contratación directa es habitual y la licitación pública no existe. Las SAPEM pasan ha ser referencia ineludible para las constructoras privadas que buscan ampliar sus negocios en el territorio puntano. Las empresas que van asociadas con ella suelen tener más chances que el resto de los oferentes” (Los Andes 12/3/2009).
Para asegurarse el paso a la inmortalidad sin complicaciones judiciales, las SAPEM en Avellaneda, tienen un plazo de 50 años (Diario Hoy 5/4/2006).
El ingreso de capitales privados en áreas que son responsabilidad del Estado, le permitió a Cacho Álvarez privatizar el negocio del crematorio con “Crematorio Municipal de Avellaneda Sociedad Anónima” (2004) y dar datos estratégicos de la deuda de los vecinos a “Fiscalgis SAPEM”, empresa que se ocupará de cobrar deuda fiscal” (Política del Sur 20/1/09).
Las élites políticas creadas por los monopolios están subordinadas al plan maestro de rescate del capitalismo quebrado, crecen amamantadas por la teta pública. Esto muestra un funcionariado con obscenos salarios y prebendas, que ha ido transmutando hasta ser hoy parte del empresariado expoliador del tesoro público. La fusión entre los intereses de la patronal y el régimen político, intercambiando favores que les garantizan derecho “legitimo” –expresado en leyes y ordenanzas dibujadas y votadas para la ocasión-, les permite acceder a preciados recursos que anteriormente eran un bien del soberano.
El Acuerdo Cívico y Social comparte el proyecto de urbanización, aunque considera que hay un asentamiento cerca, industrias que generan olores y, si el Estado no modifica estas condiciones, este tipo de emprendimiento debe ser privado www.aplanus.com.ar.
La oposición en Lanús acuerda con las SAPEM y por lo tanto enfrentada con los intereses populares.