En esta segunda parte de la entrevista exclusiva que APLanús le realizó a Darío Díaz Pérez, el intendente habló sobre el paro de los municipales, la figura del defensor del pueblo, la situación de las antenas y el desalojo de los vendedores ambulantes del paso bajo nivel de la estación de trenes local.
Con respecto al paro que están realizando los municipales, que incluyó la suspensión de tareas entre las 10 y las 13 horas del día de ayer y que continúa mañana, con una detención de 4 horas, el jefe comunal afirmó que no habrá peligro en el pago de sueldos y que no impidió el derecho a huelga de los trabajadores.
“Tengo todo el dinero para pagar los sueldos de aquí a fin de año reservado. No existen posibilidades de pago con bonos, patacones o cuasi monedas. Sobre el paro, creo que tiene un origen extra Lanús, porque todo lo que los muchachos piden gremialmente, yo se los cumplo, y sé que ellos son concientes de eso. Pienso que es una llamada de atención para otros intendentes, que están teniendo algunas complicaciones en el trato con sus trabajadores. Al paro lo entiendo, no me opongo, porque considero que es una herramienta válida de los trabajadores. Creo que no vamos a llegar a una medida extrema en lo local, porque no hay motivos. El último acuerdo gremial fue, lejos, el mejor de la provincia de Buenos Aires, cerramos en un 15 por ciento, con premios y otras bonificaciones, que alcanza un 20 por ciento, aproximadamente. Esto el gremio lo reconoce y los jefes gremiales son los mejores pagos de toda la provincia. No puse ningún reparo en el cumplimiento del paro, di libertad absoluta”, explicó Díaz Pérez.
Por otra parte, dialogó sobre el defensor del pueblo y el reclamo de la oposición para que se reglamente: “Me gusta la figura del defensor del pueblo, pero hay un tema de presupuesto, no de recursos. Esta instancia está creada por la Constitución provincial de 1994, pero aquí no fue reglamentada y depende de la buena predisposición de los intendentes. Manuel Quindimil no nos dejó concretarla porque argumentaba: “El único defensor del pueblo soy yo”. Pero yo considero que sí debe estar”.
En relación al desalojo de los vendedores ambulantes, indicó: “Era una situación inviable, un reclamo de muchos vecinos. Ahí hay una discusión sobre el territorio, porque es federal, pero para delitos y no para el cumplimiento de tasas municipales. Allí se comercializaba y el comercio está regulado por el Gobierno municipal, por más que esté en territorio federal. El terror era pensar en que si ocurría un accidente en el tren, eso iba a ser un nuevo Cromañón. Yo me adhiero a la ley que dice que no se pueden realizar actividades clandestinas, ni trabajo en negro. Actuamos junto con la Policía provincial, pedimos alas autoridades del Ferrocarril que nos ayuden, pero no lo hicieron. Toda la mercadería fue incautada y sólo vamos a respetar los puestos de los discapacitados, que están por ordenanza municipal”.
Finalmente se refirió a la prórroga de dos meses, que el Concejo Deliberante dio a los responsables de las antenas de telefonía celular, para que las trasladen a otras zonas del municipio.
“Estoy de acuerdo con esa prórroga. La verdad es un tema dramático, porque no hay nada comprobado que establezca que las antenas producen mutaciones genéticas. A nosotros nos rigen leyes nacionales, no es un tema local. La contaminación comunicacional no es responsabilidad nuestra, es de la Comisión Nacional de Regulación de las Comunicaciones. Nosotros hicimos todos los pedidos y nos respondieron que no traen ningún inconveniente, que tienen la habilitación correspondiente. En Lanús tenemos el problema de que no hay zonas industriales, que serían los lugares más aconsejables para el emplazamiento según ciertas recomendaciones, pero aquí hay habitantes a tan sólo 500 metros de esas industrias. No hay lugar, entonces, debemos optar por la suspensión y dejamos incomunicados a 250 mil personas. No es una amenaza, es una posibilidad, porque si vamos con la ley, no puedo hacer nada. Hemos pedido que se trasladen, pero es un tema muy complejo. Contemplamos la necesidad de que se realicen audiencias públicas, donde vengan las empresas para que expongan sus causas, el INTI, la Comisión Nacional de Regulación de las Comunicaciones, universidades, pero el problema es que cuando ocurre esto, los damnificados no escuchan, porque en el medio hay mucho dolor, son enfermedades”, concluyó Díaz Pérez.
Con respecto al paro que están realizando los municipales, que incluyó la suspensión de tareas entre las 10 y las 13 horas del día de ayer y que continúa mañana, con una detención de 4 horas, el jefe comunal afirmó que no habrá peligro en el pago de sueldos y que no impidió el derecho a huelga de los trabajadores.
“Tengo todo el dinero para pagar los sueldos de aquí a fin de año reservado. No existen posibilidades de pago con bonos, patacones o cuasi monedas. Sobre el paro, creo que tiene un origen extra Lanús, porque todo lo que los muchachos piden gremialmente, yo se los cumplo, y sé que ellos son concientes de eso. Pienso que es una llamada de atención para otros intendentes, que están teniendo algunas complicaciones en el trato con sus trabajadores. Al paro lo entiendo, no me opongo, porque considero que es una herramienta válida de los trabajadores. Creo que no vamos a llegar a una medida extrema en lo local, porque no hay motivos. El último acuerdo gremial fue, lejos, el mejor de la provincia de Buenos Aires, cerramos en un 15 por ciento, con premios y otras bonificaciones, que alcanza un 20 por ciento, aproximadamente. Esto el gremio lo reconoce y los jefes gremiales son los mejores pagos de toda la provincia. No puse ningún reparo en el cumplimiento del paro, di libertad absoluta”, explicó Díaz Pérez.
Por otra parte, dialogó sobre el defensor del pueblo y el reclamo de la oposición para que se reglamente: “Me gusta la figura del defensor del pueblo, pero hay un tema de presupuesto, no de recursos. Esta instancia está creada por la Constitución provincial de 1994, pero aquí no fue reglamentada y depende de la buena predisposición de los intendentes. Manuel Quindimil no nos dejó concretarla porque argumentaba: “El único defensor del pueblo soy yo”. Pero yo considero que sí debe estar”.
En relación al desalojo de los vendedores ambulantes, indicó: “Era una situación inviable, un reclamo de muchos vecinos. Ahí hay una discusión sobre el territorio, porque es federal, pero para delitos y no para el cumplimiento de tasas municipales. Allí se comercializaba y el comercio está regulado por el Gobierno municipal, por más que esté en territorio federal. El terror era pensar en que si ocurría un accidente en el tren, eso iba a ser un nuevo Cromañón. Yo me adhiero a la ley que dice que no se pueden realizar actividades clandestinas, ni trabajo en negro. Actuamos junto con la Policía provincial, pedimos alas autoridades del Ferrocarril que nos ayuden, pero no lo hicieron. Toda la mercadería fue incautada y sólo vamos a respetar los puestos de los discapacitados, que están por ordenanza municipal”.
Finalmente se refirió a la prórroga de dos meses, que el Concejo Deliberante dio a los responsables de las antenas de telefonía celular, para que las trasladen a otras zonas del municipio.
“Estoy de acuerdo con esa prórroga. La verdad es un tema dramático, porque no hay nada comprobado que establezca que las antenas producen mutaciones genéticas. A nosotros nos rigen leyes nacionales, no es un tema local. La contaminación comunicacional no es responsabilidad nuestra, es de la Comisión Nacional de Regulación de las Comunicaciones. Nosotros hicimos todos los pedidos y nos respondieron que no traen ningún inconveniente, que tienen la habilitación correspondiente. En Lanús tenemos el problema de que no hay zonas industriales, que serían los lugares más aconsejables para el emplazamiento según ciertas recomendaciones, pero aquí hay habitantes a tan sólo 500 metros de esas industrias. No hay lugar, entonces, debemos optar por la suspensión y dejamos incomunicados a 250 mil personas. No es una amenaza, es una posibilidad, porque si vamos con la ley, no puedo hacer nada. Hemos pedido que se trasladen, pero es un tema muy complejo. Contemplamos la necesidad de que se realicen audiencias públicas, donde vengan las empresas para que expongan sus causas, el INTI, la Comisión Nacional de Regulación de las Comunicaciones, universidades, pero el problema es que cuando ocurre esto, los damnificados no escuchan, porque en el medio hay mucho dolor, son enfermedades”, concluyó Díaz Pérez.