Pasadas las 17.45, el intendente Darío Díaz Perez dió a conocer por intermedio de la Dirección de Comunicación Social municipal, una declaración sobre el fallo de la justicia federal que obliga al ejecutivo a devolver $2.270.000 que debían ser destinados a la construcción de un muro perimetral en el predio de ACUBA.En uno de los días más agitados de su gestión, el intendente Díaz Pérez había salido a reponder personalmente las versiones periodisticas y confirmando que devolvería rapidamente el dinero. Cabe destacar que otro de los funcionarios intimados fue Jorge Rossi, quien hasta el día de hoy se desmpeñara como intendente de Lomas de Zamora, y que luego de conocida la noticia judicial, renunciara a su cargo por «cuestiones personales».
A continuación reproducimos la declaración emitida por el ejecutivo municipal:
PRIMERO EL CONCENSO SOCIAL, PARA LUEGO CONSTRUIR EL MURO
Frente al fallo dictado por el Juzgado Federal de Quilmes, las autoridades del Municipio de Lanús consideran conveniente aclarar la situación del predio de ACUMAR, ocupado hace unos meses en forma violenta, ocasionando hechos de alta conflictividad social que fueron de dominio público.
Desde la decisión de construir el muro, se viene trabajando con los vecinos del predio para atemperar el riesgo social provocado por los conflictos con vecinos de barrios linderos. Por lo tanto, la tarea supone actividades más complejas que la mera construcción de un muro, que sin el debido trabajo en la comunidad puede ser motivo de otro conflicto. La responsabilidad del Municipio también consiste en garantizar la paz social en la zona, que, vale recodar, fue afectada por hechos de violencia, que llegaron a costar vidas humanas.
Por este motivo, el Municipio sigue colaborando en la contención social a los vecinos más humildes de la zona y dispuso actividades complementarias, con maquinarias y personal para adecuar las condiciones del terreno (acciones de consolidación del suelo inundable) y generar así las condiciones físicas necesarias para construir el muro.
De este modo, la construcción de consenso social acompañó las actividades preliminares de drenaje de la zona inundada, limpieza de basurales y establecimiento de desagües, reconociendo que aún queda mucho por hacer en el lugar.
Las apreciaciones realizadas por el Juez, en las que prejuzga inacción, dan cuenta del desconocimiento de la permanente disposición del Municipio a colaborar con las diversas jurisdicciones para resolver la situación ambiental de la zona ribereña, sin descuidar la situación social allí existente.
En el día de la fecha se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Juez en cuanto a la restitución de los fondos enviados por ACUMAR, que estaban fielmente custodiados por la comuna para los fines preestablecidos. Acompañan estas definiciones del Intendente Darío Díaz Pérez, el Bloque de Concejales Partido Justicialista, el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, el Bloque Justicia Social y el Bloque Consejeros Escolares del Frente Justicialista para la Victoria.
