El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que sospecha que los tres homicidios de mujeres en asaltos cometidos en el último mes en el conurbano «podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados» con el «objetivo de desestabilizar» al gobierno de Daniel Scioli. El funcionario precisó que el modus operandi consistiría en «el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria» para que cometan esos hechos violentos, según la denuncia a la que tuvo acceso Télam.
La investigación recayó en el fiscal platense Marcelo Romero, quien informó a Télam que esta semana citará al funcionario para que amplíe sus dichos y a la plana mayor de la Policía bonaerense.
«De comprobarse estos hechos, los mismos tendrían una gravedad institucional inusitada. La denuncia es gravísima», consideró Romero, quien adelantó que está «trabajando con la SIDE y el área de inteligencia de Gendarmería Nacional».
Según consta en la denuncia, la segudilla de crímenes se produjo luego del 16 de noviembre, cuando Stornelli adoptó medidas en la División Sustracción de Automotores, que agrupa a las plantas de verificación de vehículos, lo cual «habría cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo».
Para el titular del área de seguridad, esto «habría sido mal recibido» tanto por policías y civiles que fueron relevados de sus cargos.
De acuerdo con la interpretación del funcionario, hay «una intención encubierta de desestabilizar a la actual conducción del Ministerio de Seguridad o a la políticas del gobernador», quien le encomendó la erradicación el robo de automotor, los cuales en general terminan en homicidios.
Al respecto, denunció que como las maniobras no se podían seguir realizando se hizo «un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia (bonaerenses), que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la Provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados».
Según la presentación, los policías aseguran «una mentida protección (a los ladrones) y otros beneficios, entre ellos dinerarios» y «les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes».
Stornelli explicó que esta información le llegó de distintas personas en forma anónima, pero todas «han sido coincidentes en su relato, lo cual le da real verosimilitud» a los hechos y que su conclusión es que hay «una `organización` tendiente a desestabilizar la actual gestión, mediante la perpetración de hechos de similar tenor que realzan la protesta social».
En un tramo de la presentación, Stornelli enumeró los crímenes cometidos tras los cambios en el área de Automotores y destacó que fueron «pergeñados» y «todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante, maestras o profesionales con múltiples contactos sociales».
Mencionó los homicidios de la arquitecta y catequista Renata Toscano (43), en Quilmes; de la docente Sandra Almirón (37), en Derqui y de la bioquímica Ana María Castro (54), en Lanús Oeste, todas asesinadas por delincuentes jóvenes que las asaltaron cuando estaban a bordo de sus autos y les dispararon a quemarropa con presuntos fines de robo.
Para el funcionario, estos hechos «automáticamente motorizaban a los núcleos de pertenencia social y barrial (de las víctimas) a realizar multitudinarias marchas con claras infiltraciones» queaún los propios manifestantes denunciaron.
«Queda claro que en los episodios en cuestión, los autores salieron a matar antes que a robar y esa no es la característica que guía a los ladrones habituales de automotores. Al aparecer vacía de contenido la intencionalidad homicida, resulta imperioso excavar en búsqueda de la necesaria existencia de instigadores con fines más perversos que el aparente», afirmó.
Ayer, el propio gobernador Scioli afirmó al hablar en el acto aniversario de la policía provincial que se encuentran «ante brutales crímenes que comparten características muy particulares».