En medio de una extensa y convulsionada sesión extraordinaria, marcada por los cruces entre el oficialismo y la oposición, el Concejo Deliberante de Lanús decidió ayer, tras una ajustada votación, trasladar al Tribunal de Cuentas el debate en torno a los gastos referidos al área de Seguridad.La iniciativa partió de los bloques de la oposición, y establece enviar una copia autenticada del expediente 782 (la respuesta del Ejecutivo a la demanda de post-interpelación de funcionarios municipales) al órgano de control administrativo para que emita una opinión sobre las observaciones realizadas en el recinto por las distintas bancadas.
La propuesta del oficialismo fue continuar la discusión respecto a las dudas de la oposición sobre algunas cuestiones puntuales surgidas en comisión. Aunque, esa alternativa sucumbió ante la de un arco opositor que se mostró orgánico en ese punto, e hizo pesar su mayoría (12/9).
Los objeciones al informe remitido desde el Ejecutivo manifestadas en el recinto dieron cuenta de tres cuestiones fundamentales: las presuntas irregularidades en la documentación presentada sobre la compra de combustible para móviles policiales y en la veracidad de las firmas de las órdenes de compra, la sospecha de que el decreto de funciones y misiones de la secretaría de Seguridad no existió hasta que el cuerpo no las solicitó, y dudas respecto a un supuesto desvío de fondos afectados a seguridad a Obra Pública.
La primera imputación cuestionada llegó desde el bloque oficialista, a través de su presidente, Jorge Montero, que ató las consultas a una cuestión meramente política.
“El expediente se generó con más de 400 fojas de información respaldatoria que podrían haberse resumido a 20”, apuntó en referencia a lo remitido por la administración de Darío Díaz Pérez a partir de las preguntas que planteó el Cuerpo tras la interpelación del 18 de diciembre último a los funcionarios municipales encargados del área.
Al tiempo que concluyó en que la nueva demanda de la oposición se debe a que “se están quedando sin argumentos”, y “empezaron a discutir cosas que no son las que se estaban tratando el 18 de diciembre”.
Sobre el segundo punto, en tanto, la oposición manifestó su incredulidad respecto a la existencia del decreto con las misiones y funciones previas al revuelo que generó la convocatoria de funcionarios.
Asimismo, se criticó que una vez enviado, éste no expresará un plan para combatir la inseguridad, sino una mera expresión de buenas intenciones.
“Ese decreto no estuvo nunca, sino que fue plantado. No está desde agosto como dice Montero”, disparó la edil de ACyS María La Rosa, al tiempo que su par de bancada, el radical Carlos Folino, señaló que se trató apenas de “una expresión de deseo”.
El tercer gran eje de debate fue el resumen de cuenta que envió la administración de Díaz Pérez para justificar la existencia de los 5. 742. 252 que envió el Gobierno nacional para poner en marcha el Programa de Protección Ciudadana.
Según indicaron desde los bloques de Unión Pro, el PJ y el ACyS, en el extracto hay consignados movimientos que dan cuenta de que los recursos afectados para un fin fueron utilizados para otros.
Mariano Amore, jefe del bloque del ACyS, sostuvo durante el encuentro que a esa conclusión se llega dado que la cuenta en cuestión “pertenece a un convenio con el Ministerio de Planificación Federal para realizar obras en el distrito”, y que “hubo oscilaciones en los fondos depositados” al punto tal de que en un período “hubo apenas un millón de pesos en la cuenta”.
“Lo que queremos saber es si eso se concretó haciendo uso de la ley provincial que lo permite, y si se sujeta a los procedimientos que requiere”, completó el edil del ARI.
Desde el macrismo, Carlos Barbagallo fue más allá, y disparó con munición gruesa contra la administración kirchnerista: “Esto me hace acordar al paredón de ACUBA, cuando se agarró el dinero y no se supo para qué”.
Durante la asamblea, el Cuerpo también convalidó un pedido para que el Ejecutivo facilite la documentación respaldatoria del ejercicio económico de 2009 para el tratamiento de la rendición de cuentas, una solicitud de información vía resolución referida al incendio en la Química Martínez, y una recomendación al Intendente para que se busquen las herramientas para proveer de seguridad al personal municipal (tras los continuos reclamos por agresiones) y ver la posibilidad de instrumentar una renumeración bajo el rubro de “riesgo de trabajo”.
En cuanto a las propuestas para investigar los presuntos incumplimientos de la empresa encargada de la recolección de residuos en el distrito (Covelia) en una zona experimental de Gerli, este -donde por contrato debieron haberse instalado una serie de volquetines- fue girado a comisión por pedido de la edil de Libres del Sur Paola Rezano.
La concejal recordó que existen iniciativas presentadas por el interbloque SI-LdS sobre el tema, y “varias denuncias de vecinos por irregularidades en otras zonas”, por lo que pidió que se busque la posibilidad de integrar todos los proyectos en uno.
El mismo pedido hizo Amore sobre el pedido de derogar la ordenanza 9199, que exime al Ejecutivo de enviar los pliegos de bases y condiciones de los distintos contratos al Concejo para su análisis, pero con distinta suerte gracias al apoyo del justicialista Daniel Piccolo y de Rezano, el oficialismo logró contar con el número necesario para dar por tierra la iniciativa y mandarla a archivo.
Fuente: Inforegión