Por primera vez, la Justicia desbarató en el país a un grupo dedicado a la trata de ciudadanos de nacionalidad colombiana con fines de explotación laboral. El juez federal de Lomas de Zamora Patricio Santa Marina dictó el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas de esa nacionalidad, a quienes consideró responsables de los delitos de tráfico de personas e infracción a les leyes migratorias. Fue después de considerar probado que los imputados traían a sus compatriotas bajo falsas promesas de importantes remuneraciones en dólares, con vivienda y comida, para terminar hacinándolos en habitaciones sin camas ni colchones y descontarles de sus magros haberes los gastos de pasaje, alojamiento y alimentación.
Hasta ahora, en los casos de trata de personas con fines de explotación laboral investigados por la Justicia se hallaban involucrados ciudadanos bolivianos o coreanos que se dedican a la explotación de talleres de costura clandestinos.
“El caso nos llegó a través de la Organización Internacional para las Migraciones, que es pionera en la atención a víctimas de casos de trata de personas”, dijo a Página/12 Marcelo Colombo, fiscal a cargo de la Unidad del Ministerio Público especializada en Tráfico de Personas (Ufase). Fue ese organismo el que hizo las primeras averiguaciones, para constatar la verosimilitud de la denuncia presentada en septiembre del año pasado por una de las víctimas, un ciudadano colombiano que había llegado al país en mayo de ese año.
Las víctimas son alrededor de veinte personas que se hallaban alojadas en una vivienda de la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, y en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría. Todos son jóvenes de condición humilde –sólo había dos mujeres– provenientes de pueblos del interior de Colombia. Según relató el denunciante, llegó al país tras haberse contactado con una mujer que le ofreció, en su país, viajar a la Argentina para trabajar en la venta de canastos, con una ganancia diaria de entre 40 y 80 dólares, incluido un mes de comida y vivienda gratis.
El hombre viajó desde Colombia junto a otras cinco personas, por tierra, hasta Guayaquil, luego a Lima y desde allí a Buenos Aires, a través de cinco compañías de transporte diferentes. Después de seis días de travesía, y de ingresar ilegalmente al país, llegó a la estación Lanús, desde donde lo llevaron a la casa de la calle Timote 4147. Allí se llevó la primera sorpresa: tenía que dormir junto a otras cuatro personas, en el piso de una habitación donde no había camas ni colchones sino unos cartones tirados en el piso. Y tenían un solo baño y una sola cocina para veinte personas.
El trabajo consistía en salir a vender unos canastos tejidos de material plástico en barrios humildes o villas. Los llevaban en una camioneta y tenían que hacer el recorrido a pie hasta que los pasaban a buscar, cuando caía el sol. La paga resultó estar lejos de lo prometido: les descontaban tres pesos por canasto para pagar la deuda del pasaje, más 200 pesos de alquiler, sin contar la comida. “Prácticamente no nos sobraba nada para vivir”, afirmó el denunciante.
En la casa de la calle Timote vivían los vendedores junto a los que fabricaban los canastos. Si bien todos tenían libertad ambulatoria, las deudas contraídas los dejaban en una situación de dependencia y vulnerabilidad respecto de sus empleadores. Esa situación más el engaño original por parte de quienes los trajeron al país determinaron que se configurara el hecho dentro de la figura de trata de personas.
El fiscal Colombo dio intervención al juez Santa Marina, quien derivó la instrucción en el fiscal federal de Lomas de Zamora, Alberto Gentili. “Dispusimos la vigilancia de la vivienda de la calle Timote por parte de la División Trata de Personas de la Prefectura Naval y, cuando se comprobó que allí vivían numerosos extranjeros que trabajaban de manera irregular, se pidió el allanamiento”, dijo Gentili a Página/12.
El procedimiento se hizo el 17 de febrero. En el lugar se detuvo a cuatro personas y se procedió al decomiso de la mercadería. Los imputados son Delfín Cuéllar Reina, quien sería el responsable del negocio; sus hijos John Cuéllar Duque y Lidia Milena Cuéllar Duque (partícipe secundaria), y el encargado del lugar, Jaime Fernando Melo. Se les imputa tráfico de personas y violación de las leyes migratorias agravada por la participación de varias personas. Por esos delitos les podrían corresponder penas de hasta 15 años de prisión.
En sus declaraciones ante la Justicia, algunas de las víctimas aseguraron que fueron engañadas, mientras que otras dijeron que llegaron conociendo el régimen laboral al que se sometían. Esta diferencia dificultó la calificación del hecho investigado como “trata de personas”, ya que la ley considera que existe ese delito –en el caso de personas mayores– cuando no existe consentimiento. “En este caso se consideró que existía un aprovechamiento del estado de vulnerabiliad de las personas, que consistía en estar lejos de su país y con una deuda de origen que les creaba una dependencia de sus empleadores”, explicó Gentili.
