Cuatro personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda que introducía al mercado unos 150 mil pesos cada dos meses en billetes, dólares y euros falsos, y los investigadores secuestraron sofisticados equipos para la adulteración de las monedas.
Fuentes judiciales aseguraron a la agencia nacional de Noticias, Télam, que los procedimientos fueron ordenados por el magistrado Sergio Torres, interinamente a cargo del juzgado federal 9, e incluyeron nueve allanamientos simultáneos realizados en la Capital Federal y en la ciudad de Miramar, en los partidos de Lanús y San Vicente, y en las localidades de Máximo Paz y Longhchamps. Allí los efectivos detuvieron a cuatro hombres identificados por la Justicia como Adolfo Castillo, Hugo Parralejo, Ramón Delmiro y Francisco Farías, todos ellos con antecedentes penales por los mismos delitos. Al ser llevados ante el juez, los cuatro hombres se negaron a prestar declaración indagatoria.
La pesquisa comenzó hace casi un año por efectivos de la Sección Falsificación de Moneda de la Policía Federal bajo las órdenes del juez Torres, con la intervención del secretario Juan Manuel Grangeat. En poder de la organización, en cuyas filas había imprenteros y diseñadores gráficos, se secuestraron 173.500 pesos en billetes falsificados de 50 y 100 pesos; seis billetes adulterados de 100 dólares y dos de 100 euros junto a «instrumentos conocidamente destinados para la falsificación de billetes”.
Los investigadores aludieron a la «importante sofisticación” de los equipos utilizados, entre ellos computadoras e impresoras de última generación que daban gran «calidad” a los billetes falsificados que eran introducidos en el mercado financiero. Más de media docena de impresoras, discos compactos con imágenes de los billetes a falsificar, reglas de ingeniería, impresoras, «imágenes impresas en seda”, lámparas ultravioletas, frascos de tinta sintética para serigrafía, mesas de secado y lámparas ultravioletas son algunos de los elementos secuestrados por los investigadores.
Tras las indagatorias, el magistrado dispuso que los detenidos fuesen conducidos a unidades del Servicio Penitenciario Federal hasta que dicte el «auto de mérito” para lo cual tiene un plazo de diez días, estimándose que dictaría sus procesamientos a la luz de la importante prueba obtenida.
