El juez federal de Quilmes Luis Armella –designado delegado de la causa–, ordenó desalojar cuatro empresas que no dejaban libre el espacio que debe haber entre las empresas instaladas y la vera del Riachuelo, impidiendo el paso. Según informó el matutino porteño Clarín, el juez le ordenó liberar la zona a las cuatro empresas, todas ubicadas del lado de la Provincia de Buenos Aires. Armella fundamentó su orden de desalojo de las empresas en que “la costa del Riachuelo es un espacio público y no puede ser ocupada por industrias que impidan el paso”.
El cronista del diario, Pedro Paulin, intentó comunicarse con las empresas Jilguero SA, ubicada en Avellaneda; Dicc SA, de Lanús; Ladrillería Lelo, de La Matanza y Codiamon SA, también ubicada en Avellaneda, que son las que el magistrado ordenó desalojar. Tres de ellas negaron a este diario haber recibido la orden de desalojo aún, y no se pudo ubicar a Ladrillería Lelo.
Con respecto al curso de esta causa, Armella adelantó a Clarín que a partir de la semana que viene “se hará lo mismo con las empresas que incumplen con la liberación del paso, pero esta vez las ubicadas del lado de Capital”, expresó. Armella agregó: “desde que soy delegado en la causa, se han llevado a cabo inspecciones y clausuras todos los días para que se cumpla con el fallo”, sobre la disposición de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo. Y le encargó al Gobierno nacional, a la Ciudad y a la Provincia la presentación de un plan de acción para recuperar la cuenca que incluye también el río Matanza.
Además, el juez había allanado 13 empresas por supuesta contaminación . Según informó el Centro de Información Judicial, se trata de las empresas Cooperativa de Trabajo Citrus Argentinos Ltda., Grintek SA, Desir SRL, Pork SRL, Cioffi y Arcondo SRL, Enrique Falcón, Cooperativa de Trabajo 23 de Febrero, Carlos Omar Puente, Lambertiana SA, Inteac SRL, Rodríguez y Parise SH, Equipos Flexibles Argentinos, y 14 de Julio SA. No se informó si efectivamente contaminan.
En el marco de la investigación, nueve empresas serán allanadas la semana próxima por las mismas razones de incumplimiento.
Ya el 30 de agosto el magistrado quilmeño había multado al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la vez titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Homero Bibiloni, quien debió pagar $ 4.000 diarios durante casi tres semanas por haber excedido el plazo de 20 días que se había dictado para solucionar el problema de la cuenca.
