El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, dijo que la conciliación obligatoria constituye «una facultad que tiene la autoridad administrativa de aplicación en materia laboral, tanto en el orden nacional como provincial» y afirmó que «su no acatamiento coloca en una situación de ilegalidad el accionar, tanto del gremio como de los trabajadores».
El funcionario sostuvo que si las autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) «no acatan la conciliación obligatoria, exponen a su institución sindical a sanciones importantes y en una situación de riesgo a los trabajadores involucrados».
El ministro de Trabajo manifestó, en ese sentido, que «la medida de acción directa adoptada por ellos durante el período de conciliación obligatoria de 15 días hábiles queda totalmente deslegitimada».
«Se trata de un servicio esencial, como es la atención de la salud de la población», expresó el funcionario en alusión al trabajo que realizan médicos y profesionales.
Cuartango también se refirió a las posibles sanciones que podría recibir el gremio y dijo que «pueden ser pecuniarias, consistentes en multas cuyo monto está relacionado con el número de afiliados».
La cartera laboral, explicó, podría «elevar las actuaciones al ministerio de Trabajo de la Nación para que evalúe la suspensión o quitarle la personería gremial» al sindicato.
La advertencia del gobierno bonaerense se produjo tras el rechazo manifestado por CICOP a la conciliación obligatoria dispuesta ayer en el conflicto salarial que lleva adelante el gremio.
El sindicato, que volvió a pedir un 40 por ciento de aumento salarial tras rechazar el 26,5 propuesto por el gobierno provincial en una reunión de conciliación que se hizo en la cartera laboral, ratificó el paro de 72 horas que comenzó ayer en los 77 hospitales públicos del distrito y que se extenderá hasta el viernes.