El juez federal de Quilmes, Luis Armella, requirió a los ministerios de Salud de la nación, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires la elaboración de un convenio para la instalación de centros sanitarios, fijos y móviles, en la zona de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
La exigencia, también dirigida a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y a 14 intendentes bonaerenses, fija un plazo de 10 días para su cumplimiento y el apercibimiento de aplicar multas personales en caso de incumplimiento.
El magistrado tomó la decisión en la causa «Mendoza» en la que, ante un reclamo de vecinos, la Corte Suprema de la Nación ordenó un plan integral para el saneamiento de ese curso hídrico.
Armella dispuso que el convenio, para atender las necesidades sanitarias de la población -más de 5.000.000 de habitantes- de la cuenca, deberá establecer «claramente» el ámbito de actuación y la responsabilidad de las partes comprometidas.
Los municipios involucrados en la resolución judicial son los de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
Armella fijó, también, un plazo de 30 días para que la ACUMAR (integrada por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y los funcionarios «involucrados por mandatos específicos y determinados» con injerencia en las áreas de salud de cada una de las jurisdicciones «pongan en inmediata ejecución acciones paliativas» de patologías que aquejan a habitantes de la cuenca.
Dentro de ese plazo los destinatarios de la orden judicial deberán «acreditar» actividad para atender enfermedades de los pobladores ribereños tales como trastornos neurológicos por la presencia de hidrocarburos, enfermedades transmitidas por vectores, dengue, saturnismo y leptospirosis, entre otras.
El juez ordenó además a la ACUMAR y a una decena de intendentes que «arbitren y coordinen, comenzando en forma inmediata, un plan que prevea el traspaso de competencia de gestión» de hospitales comunales a la órbita nacional o provincial «estableciéndose el plazo de treinta (30) días como último y fatal para su presentación».
Armella decidió «hacer saber a todos los funcionarios que fueron intimados» que «en caso de no respetarse las exigencias establecidas en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere» por incumplimiento de una orden jurisdiccional.
La eventual omisión de los destinatarios de la orden «los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, la cual se adecuará en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verificaran», consignó la resolución.
