El referente del Partido Obrero en Lanús, Lisandro Martínez, cuestionó a través de un comunicado de prensa, diversas obras públicas impulsadas en la zona del riachuelo, como la recientemente inaugurada Unidad de Pronta Acción, al tiempo que denuncia el abandono del Centro Piloto de Villa Jardín, a 500 metros de la nueva unidad sanitaria.
“¿Por qué razón si a 500 metros de la flamante UPA está el Centro Piloto de Villa Jardín, la Presidenta de la Nación no ordenó lo más barato: su equipamiento, que se cubran todas las vacantes de profesionales, personal auxiliar y se abastezca de medicamentos ese centro. En cambio dejó que se malgasten fondos públicos levantando un edificio aquí y varias docenas más en el GBA que cumplen funciones de distribución de pacientes y son ineficientes para dar soluciones médicas? ¿Es a esto que llama obras públicas?”, se pregunta el referente de la izquierda local.
“En Villa Jardín agua potable no hay porque el Estado no garantiza la potabilidad del agua que se bebe, las napas a ras de la tierra confluyen con los pozos ciegos y las obras (+agua) son realizadas con mano de obra descalificada y sin dirección técnica. Cloacas no hay, los orines y la materia fecal van a la calle o al Riachuelo. El saneamiento no existe porque además la basura permanece días en las calles sin que se recoja.”
En el comunicado, Martínez, critica que el saneamiento del riachuelo esté en manos de “duhaldistas borocotizados como Juan José Mussi y Alberto de Fazio”.
“¿Qué descolgado colocaría en un “Gobierno Nacional y Popular” como Secretario de Medio Ambiente a un sujeto que se complotó con la concesionaria “Aux de France”” para evitar que ese monopolio pagara un fallo de la justicia de $300 millones por contaminar las costas de Quilmes y Berazategui?”, se pregunta Martínez.
Por último, el ex candidato a primer concejal del Frente de Izquierda, sostiene que “cuando Cristina desde Lanús le reclamó al PRO que ponga las mismas inversiones en Capital por el Riachuelo, adelantó que la pelea de fondo es quién se queda con el negocio de especulación inmobiliaria post “descontaminación”: los funcionarios del Gobierno Nacional o los de la Ciudad Autónoma”.