El Gobierno Nacional denunció al juez
Armella y pidió su juicio político por «mal desempeño de sus
funciones», debido a las irregularidades en contrataciones de las obras
de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Armella y pidió su juicio político por «mal desempeño de sus
funciones», debido a las irregularidades en contrataciones de las obras
de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue
designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de
la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/
Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza Riachuelo”, que ordena medidas protectoras en
relación a la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes,
la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de
la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/
Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza Riachuelo”, que ordena medidas protectoras en
relación a la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes,
la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
Sin embargo, según notas publicadas en el diario Página 12, luego
ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían
serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios
sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan
integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.
ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían
serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios
sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan
integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.
De hecho, el 29 de agosto último, la Corte Suprema ordenó al magistrado que
informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la
Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las
contrataciones efectuadas.
informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la
Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las
contrataciones efectuadas.
El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las
contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado
juez.
contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado
juez.
Según la denuncia presentada hoy, el modus operandi de Armella consistía
primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la
ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las
resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación
y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de
empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían
vinculadas al propio magistrado.
primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la
ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las
resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación
y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de
empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían
vinculadas al propio magistrado.
Las empresas mencionadas en el informe son: San Martin 264 Bernal S.A.,
Gildin S.A., Vial Rogo Cosntructoria S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía
constructora M&T S. A. y Kartonec S.A.
Gildin S.A., Vial Rogo Cosntructoria S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía
constructora M&T S. A. y Kartonec S.A.
Pese a que algunas de las contrataciones debían hacerse mediante licitación
pública, por exceder el presupuesto de dos millones de pesos, este paso era
omitido por la excepción a partir de las razones de urgencia que esgrimía
Armella. Así fue la contratación directa de la Compañía Constructora M & T
S.A por un monto de 3 millones y medio de pesos.
pública, por exceder el presupuesto de dos millones de pesos, este paso era
omitido por la excepción a partir de las razones de urgencia que esgrimía
Armella. Así fue la contratación directa de la Compañía Constructora M & T
S.A por un monto de 3 millones y medio de pesos.
Una mención especial merece la operatoria de clausura de la totalidad de las
canteras que se mantenían operativas en la Cuenca Matanza-Riachuelo y que
derivó en la paralización de la construcción de la Autopista Presidente Perón.
En este caso, el propósito habría sido liberar de competencia a la firma Gildin
S.A., que opera en el partido de Berazategui.
canteras que se mantenían operativas en la Cuenca Matanza-Riachuelo y que
derivó en la paralización de la construcción de la Autopista Presidente Perón.
En este caso, el propósito habría sido liberar de competencia a la firma Gildin
S.A., que opera en el partido de Berazategui.
La denuncia del Gobierno Nacional menciona también la posible colaboración
de funcionarios designados por el juez en la ACUMAR, quienes “elaboraron o
participaron en la confección de los proyectos a través de los cuales se
realizaron las contrataciones irregulares”. Entre estos funcionarios destaca
Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, ex teniente de la Policía Bonaerense, exonerado
por corrupción.
de funcionarios designados por el juez en la ACUMAR, quienes “elaboraron o
participaron en la confección de los proyectos a través de los cuales se
realizaron las contrataciones irregulares”. Entre estos funcionarios destaca
Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, ex teniente de la Policía Bonaerense, exonerado
por corrupción.
