Según se informó a través de un comunicado, se ha decidido promover una serie de acciones políticas, parlamentarias y judiciales “para frenar o regular cualquier uso indebido de los recursos públicos así como de las imágenes obtenidas por estos medios”.
La edil ya solicitó ante la justicia investigar si los hechos denunciados, y la difusión de las imágenes obtenidas desde el Centro de Monitoreo, podría constituir delitos de acción pública por parte de funcionarios municipales.
En ese mismo sentido, los concejales del FAP, presentaron un proyecto de ordenanza que contiene un protocolo para la utilización y captación de imágenes y sonidos, lo que permitirá garantizar la convivencia ciudadana y la utilización de estos sistemas de vigilancia en espacios públicos para la prevención de delitos sin poner en riesgo las garantías individuales ni afectar derechos por el tratamiento de la información. Lo mismo se analizará respecto de una regulación provincial y/o nacional para reglamentar ese uso, e impedir la realización de tareas de inteligencia sobre la acción de políticos opositores, en infracción de toda la legislación vigente.
