La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se declaró en emergencia financiera y comenzó a recortar varios programas en ejecución y por ejecutarse, como los convenios con AySA para terminar las plantas de tratamiento de cloacas, la compra de equipos para el monitoreo del aire de la cuenca, la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN) que debe controlar todo el proceso.
La denuncia de la situación, firmada por el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Juan José Mussi, había sido enviada a la Corte el 14 de noviembre del año pasado y pedía la «urgente y directa intervención del tribunal» ante el «incumplimiento» financiero de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Cuando faltan pocos días para que comience febrero, y sin señales de esos aportes, la Acumar ya empezó a comunicar la falta de financiamiento para los programas.
«Para el presente año el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventaría con recursos propios», dice la nota de la Acumar. El 50% del saldo, $ 650.447.659, debe ser pagado por el gobierno nacional, mientras que a la Capital y a la provincia le corresponden el 25% a cada una.
«La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aportó el 15% del monto comprometido», prosigue la notificación.
Mussi hace una salvedad en la nota y destaca que si bien el gobierno de Daniel Scioli no ha hecho sus aportes, el monto que debe aportar está incluido en el presupuesto previsto para este año, cuestión que no ocurre en el ejercicio de Mauricio Macri.
Según la nota, los recortes supondrían unos $210 millones. Los programas más importantes que se recortan son: el convenio con la Universidad de La Matanza para hallar conexiones y vuelcos clandestinos; la suspensión de la construcción del Ecopunto de Ezeiza; el plan sanitario de emergencia; la limpieza de basurales y la adquisición de equipamiento para la red de monitoreo del agua y del aire, informó La Nación.