Veintidós personas de diferentes nacionalidades, la mayoría de origen colombiano, comenzaron a ser juzgadas en los tribunales federales La Plata, acusadas de integrar una banda vinculada a carteles narcos de ese país y a los que se les secuestraron más de 700 kilos de cocaína.
Se trata de una organización desbaratada en un operativo conocido como «Luis XV» en el que se secuestraron 253 kilos de droga en dos galpones ubicados en Lanús en los que escondían los estupefacientes en muebles de estilo que tenían previsto enviar a Europa y los Estados Unidos.
En el juicio, a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata integrado por los jueces Jorge Michelli, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, se acumularon otras causas vinculadas a la banda.
Entre las operaciones que se incluyeron en este debate se encuentra la que se conoció cuando efectivos de la Prefectura Naval hallaron 444 kilos de cocaína ocultos en el velero «Traful», de bandera estadounidense, que había partido desde el puerto bonaerense de Berisso y se dirigía al Uruguay.
De acuerdo a la acusación que en el juicio oral lleva delante el fiscal federal Marcelo Molina, la banda era liderada por el poderoso narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (54) que fue detenido en Argentina en marzo de 2011 cuando tenía un pedido de captura internacional.
Dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por importación de cocaína, por lo que no pudo ser juzgado en el juicio oral que se inició en La Plata y que, de acuerdo a las audiencias pautadas, podría culminar en febrero próximo.
Según la acusación que fue leída en la primer audiencia del juicio, «se trata de un grupo organizado de personas algunas de los cuales tienen vinculación con desprendimientos de carteles narcos colombianos que vinieron a instalarse a la Argentina, muchos con origen en el Cartel de Cali».
Para el fiscal, la investigación estableció que la banda tenía una importante estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro al lavado de los activos provenientes de esa actividad.
Es por ello que en el juicio también son querellantes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) que hicieron importantes aportes a la causa y trabaron embargos sobre bienes de la banda por más de 920 millones de pesos.
Es que la banda, a través de empresas «fantasmas» adquiría bienes con el producido del narcotráfico, principalmente propiedades en countries y en Nordelta, donde vivían varios de los integrantes de la organización.
Sin embargo, el Tribunal Federal dispuso que la causa por «lavado de activos» sea materia de otro juicio y por lo tanto en las audiencias que se realizan los lunes y martes en los tribunales platenses se juzga a los 22 imputados por delitos previstos en la Ley 23.737 contra el narcotráfico.
Se trata de los españoles José Martín Martín (54) y Adrián Bruno Ramírez (43), el portugués Fernando Manuel Machado Lousao (61) y los argentinos Alejandro Carlos Elvira (4) y Cristian Jorge Russo (44).
Además están imputados los colombianos Gustavo Adolfo Mejia Medina (69), María Claudia de la Misericordia Gómez de Martínez (50), Héctor Julio Jiménez (46), Diego Fernando Herrera Restrepo (47), Juan Carlos López Cortes (47), Gustavo Adolfo Varela Marmolejo (38) y Rubén Mauricio Urrego Moscoso (41).
También los colombianos Jaime Eduardo García Rivera (42), sus hermanos Diego Fernando García Rivera (36) y Mónica Jimena (38), su padre Hernán Darío García Pérez (66), su ex María Fernanda Hernández Zuluaga (28), Diego Piedrahita Morales (43), Nelson de Jesús Orozco Cañas (62), Carlos Andrés Pérez Carrillo (38) y Jorge Enrique Peralta Porto (30).
El español José Martín Martín está acusado de haber transportado en el velero «Traful» los 444 kilos de cocaína, mientras que el argentino Alejandro Elvira de ser el encargado de proveer ese cargamento.
Para la fiscalía, todos conforman una organización delictiva trasnacional dedicada al tráfico ilícito de sustancias en la que algunos cumplían roles como organizadores y otros como financistas con diferentes niveles y jerarquías.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2007, cuando una denuncia anónima puso en conocimiento que un tal Jaime García (luego identificado como Jaime Eduardo García Rivera), de nacionalidad colombiana y que vivía en Lanús, junto a su esposa María Fernanda Hernández, también imputada, se dedicaba «a efectuar envíos de estupefacientes a Estados Unidos».
A partir de allí, se pudo determinar que García Rivera no tenía una actividad lícita laboral que pudiera justificar sus ostentosos ingresos, entre ellos numerosos y frecuentes viajes al exterior y un consumo excesivo de su telefonía celular.
La fiscalía sostiene que García Rivera alias «El Costeño» estaba a cargo de la logística de la banda ya que trasladaba a otros colombianos al aeropuerto de Ezeiza, conseguía celulares y vehículos para la banda y alquilaba los galpones que funcionaban como depósito y en los que años más tarde se secuestraron los 253 kilos escondidos en los muebles de estilo.
Una fuente judicial explicó a Télam que a lo largo de la investigación la causa acumuló más de 30.000 fojas en las que se adjuntaron más de 73 anexos de escuchas telefónicas y 25 de mensajes de textos intervenidos entre los celulares que utilizaba la banda
