Las cárceles bonaerenses de Campana y Lomas de Zamora ampliarán su capacidad de alojamiento con la construcción de un total de 756 plazas y reformas edilicias que se llevarán a cabo tras la firma de un acuerdo entre los ministerios de Justicia nacional y bonaerense en el marco del plan Justicia 2020, y que contarán con una inversión de 500 millones de pesos del Gobierno Nacional, informó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Los detalles del acuerdo firmado por el ministro y su par bonaerense, Gustavo Ferrari, fueron anunciados esta tarde en una reunión de prensa que se realizó en la cartera nacional, situada en Sarmiento 329, de la que participarán ambos funcionarios.
«Esta es una iniciativa que venimos realizando no sólo con la provincia de Buenos Aires sino con la mayoría de las provincias de todo el país para contribuir en la mejora del sistema carcelario», dijo Garavano durante el anuncio del plan, que prevé que con los fondos aportados por la cartera nacional se sumen 432 plazas en la cárcel de Campana y 324 en la de Lomas de Zamora.
Según el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno nacional «está llevando una transformación profunda del sistema carcelario aumentando la cantidad de plazas y trabajando sobre la rehabilitación social».
Además, Garavano afirmó que, a su vez, trabajarán sobre «dispositivos electrónicos que permiten los arrestos domiciliarios o las detenciones domiciliarias» y, de esta manera, evitar «que las cárceles estén con superpoblación».
El funcionario nacional aseguró que también están en plena construcción la cárcel de Cuyo, en Mendoza; la cárcel de Agote, cerca de la localidad bonaerense de Mercedes; el complejo de Coronda, en Santa Fe; y la cárcel de Yuto, en Jujuy.
«Tenemos por primera vez en muchísimos años un plan que se está cumpliendo partiendo de una situación muy crítica con proyectos paralizados y que no se avanzaban», subrayó.
Por su parte, el ministro de Justicia bonaerense destacó que ésta inversión de 500 millones de pesos permitirá la «posibilidad de ir incorporando plazas en unidades que tienen una característica edilicia diferente porque tienen una proporción de talleres y de aulas para escuelas que es algo que no se daba».
«Integralmente son funcionales a la tarea de reincorporación de la persona a la sociedad a través de educación y de trabajo. Nosotros tenemos cárceles tres del siglo XIX y muchas de principios del XX, esta ayuda nos permite terminar las unidades que están en plena construcción en Campana y Lomas de Zamora pero destinar algunos recursos a tratar de poner en valor a esas otras unidades», recalcó Ferrari.
Ambos ministros detallaron que con los fondos aportados por el Ministerio nacional se sumarán 432 plazas en la cárcel de Campana y 324 en la de Lomas de Zamora, además del mejoramiento de las existentes, con el objetivo de garantizar el estricto respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la promoción de su resocialización.
La población carcelaria de Buenos Aires – que en 2016 declaró la emergencia en materia de Seguridad Pública y de Política y Salud Penitenciaria- se incrementó a partir de la adhesión a la Ley 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que introdujo el cambio de jurisdicción en los delitos de «narcomenudeo».
Actualmente el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene 3.091 detenidos por este tipo de delitos mientras que desde 2006 ha tenido 12.071.
«La existencia de personas privadas de su libertad a disposición de la justicia provincial en establecimientos penitenciarios federales, así como el alojamiento de internos federales en el SPB, sumado al impacto en la población penitenciaria provincial de la mencionada ley resultan elementos insoslayables que sustentan la necesidad de colaboración entre ambas jurisdicciones», resaltó el convenio marco.
En la misma línea, el Ministerio ya firmó acuerdos con las provincias Chaco, Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, Entre Rios, Formosa, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos de Justicia 2020, de brindar apoyo a las justicias provinciales y de contribuir al fortalecimiento de sus respectivos servicios penitenciarios.
Actualmente, 40 personas se encuentran privadas de su libertad por delitos federales alojadas en cárceles provinciales y 105 –de acuerdo a datos estadísticos del último trimestre de 2016- personas privadas de su libertad por delitos provinciales en cárceles federales.
Los internos por “narcomenudeo” antes de la Ley 26.052 eran presos federales y después de la misma pasaron a ser presos provinciales.