El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) emitió un comunicado en el que denuncia la existencia de un «grupo parapolicial que opera en Lanús bajo cierta fachada institucional» y apunta contra Daniel Villoldo, mano derecha de Diego Kravetz, cuya camioneta VW Amarok JQW 419 estaba en el «escenario del interrogatorio» del Polaquito.
«Tenemos elementos suficientes para sostener que existió participación en los hechos parte de un grupo parapolicial que opera en Lanús bajo cierta fachada institucional.Este grupo está liderado por el oficial de la bonaerense exonerado Daniel Alberto Villoldo, a quien esta organización denunció en 2010 por comandar una red de trata y que tiene un largo prontuario en casos de corrupción y delincuencia organizada. La presencia de una camioneta VW Amarok JQW 419 en el escenario del interrogatorio, propiedad de Villoldo, es claramente visible durante la nota. Sobre ella se apoya el interrogador durante la filmación. Villoldo es un personaje oscuro que quiere ‘recolonizar el territorio’ con sus negocios ilegales. Este siniestro personaje fue también denunciado el 17 de mayo por la Diputada Nacional Elisa Carrió, por su participación en el entramado de corrupción de La Salada y su implicación en el narcotráfico, el proxenetismo y la piratería del asfalto», asegura el escrito titulado «Hechos, delitos e ideas en torno a un caso de violación alevosa de los derechos del niño».
Desde el MTE también indican que el niño no llegó o se fue del lugar del interrogatorio en un patrullero, sino que «la coacción fue previa».
«Denunciamos también a los funcionarios políticos y policiales por infringir los art 36 b y 39 de la Ley Provincial 13634. El interrogatorio periodístico al niño se realizó en presencia de funcionarios municipales y policiales que lejos de protegerlo como corresponde a su función pública, cuanto menos, lo expusieron al interrogatorio en clara violación a lo que prescribe la norma mencionada. El funcionario de mayor jerarquía presente fue el Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, que no contento con su accionar divulgó el nombre real del menor en un programa televisivo y reivindicó su conducta por considerar que ‘aportaba al debate’ sobre la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de ‘recolonizar’ (sic) el territorio. Asimismo, desde el Estado se entregó documentación reservada del niño al medio periodístico, documentación que debía estar bajo resguardo en los entes estatales correspondientes. También se entregaron imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lanús que exponían la identidad de este y otros niños», agrega.
«No corresponde a esta organización ni aporta en la contención del niño brindar más detalles sobre los múltiples esfuerzos de la madre y ciertas instituciones para contener al niño. Sin embargo, debemos denunciar que es bochornoso que con posterioridad al escándalo se hayan filtrado las resoluciones de un juzgado de familia en el marco de un expediente reservado. Como se informa en las irresponsables notas publicadas al respecto, Fernanda había solicitado con anterioridad la internación de su hijo en el marco de sus incansables esfuerzos por darle una vida mejor a un niño gravemente enfermo. Siempre había una excusa, nunca había vacantes, no había condiciones. La resolución judicial del 20-07 derivó en la intempestiva, espasmódica y efectista presencia policial, municipal y televisiva en el domicilio de la abuela del niño. Es dable aclarar que los funcionarios del área gubernamental de niñez que debían hacer efectiva la resolución judicial conocieron en todo momento el paradero del niño y su madre, alojados en un lugar seguro y confidencial, al resguardo de represalias e intromisiones en su intimidad. Sabemos que existe una suerte de búsqueda frenética de este paradero, tal vez con fines periodísticos, pero solicitamos a los medios de comunicación que respeten esta necesaria confidencialidad y exigimos a los organismos del estado interviniente que eviten filtraciones. El área de seguridad de la Municipalidad de Lanús y todos los posibles involucrados en el secuestro y la coacción del menor no cuentan ni deben contar con esta información. De ahí que durante varias horas del día 21-07 sostuvieran erróneamente que no podían encontrar al niño. En efecto, a partir de que el área de niñez tomó el control de la situación desplazando a la Secretaría de Seguridad, las cosas se encaminaron un tanto mejor. Sin embargo, es evidente la falta de herramientas, recursos y capacitación de los organismos públicos para abordar estas situaciones. Desde el MTE, junto a Fernanda, hemos colaborando de la mejor manera posible en el dispositivo interdisciplinario de contención del niño para que sea tratado efectivamente como un paciente y no como un delincuente, respetando la plenitud de sus derechos humanos. En la medida en que Fernanda lo requiera, seguiremos haciéndolo. Es una situación difícil que está muy lejos de resolverse, que traerá sin duda mucho sufrimiento al niño, sus familiares y amigos, pero que todos asumimos con amor y compromiso. Asimismo, hemos solicitado la intervención de diversos organismos nacionales para garantizar que nadie lastime a un niño que ha sufrido apremios ilegales, al menos en dos ocasiones, por distintas fuerzas de seguridad del Estado, tal como muestra la denuncia radicada hace dos meses por el asesor tutelar de cámara Gustavo Moreno», añade.
Versión completa http://mteargentina.org.ar/hechos-delitos-e-ideas-torno-caso-violacion-alevosa-los-derechos-del-nino/