La Comisión Provincial por la Memoria denunció en su VI Informe Anual que durante el año pasado se «profundizaron las políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos». Además, consideró que la desaparición del joven Santiago Maldonado «es la expresión más dramática de la orientación de la política criminal y de seguridad que se ha definido a nivel nacional».
La denuncia fue presentada ayer durante un acto en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata y que fue presidido por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y en el que estuvo presente el Procurador de la Suprema Corte provincial, Julio Comte Grand.
El informe, al que tuvo acceso Télam, hace alusión a una serie de leyes que se reformaron en materia penal y que a criterio de la Comisión «modificaron el paradigma central del cumplimiento de la pena -la resocialización de la persona- para imponer el paradigma de la seguridad ciudadana, que supone que el fin único del encierro es la protección de la sociedad, y por lo tanto a mayor tiempo de encierro menos riesgo para los ciudadanos».
Pérez Esquivel aseguró que «no sólo es necesario trabajar sobre lo edilicio en las cárceles sino también sobre la formación del personal penitenciario y policial que se transforman en fuerzas de represión y no de seguridad social».
El informe consignó que en la provincia de Buenos Aires la población encarcelada «es la más alta de los últimos 20 años y el sobre-encarcelamiento también alcanzó su máxima expresión en las comisarías».
«Ese colapso del sistema de encierro ha llegado a un punto crítico en el que predomina el hacinamiento, y la falta de acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud», añadió el informe, que indicó además que la «falta de medidas estructurales tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría primera».
Precisó también que «el dato más cruel de la violencia policial en el territorio se expresa en el uso letal de la fuerza con arma de fuego donde el 20% de los muertos eran niños o adolescentes».
También expresó preocupación por «el incremento de las detenciones ilegales en sede policial de niños, niñas y adolescentes» y aseguró que la policía «es la encargada de captar personas al sistema».
«Prevalece la detención en flagrancia: 9 de cada 10 personas son detenidas sin orden judicial previa y luego la justicia valida lo actuado», indicó.
Según la Comisión, la provincia de Buenos Aires presenta récord histórico de detenidos al pasar de 38.681 en diciembre de 2016 a 41.729. (37.208 en cárceles y alcaidías, 2.944 en comisarías y 1.575 en monitoreo electrónico) en julio de 2017.
En 2016 ocurrieron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado o por acción de agentes de fuerzas de seguridad, de las cuales 156 fueron en cárceles, entre ellas 71% por desatención de problemas de salud.
El informe reveló que si se consideran las 61 unidades y alcaidías, en diciembre de 2016 la sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Bonaerense alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015 y que a agosto de este año hay una faltante de 17.464 plazas.
La superpoblación alcanza también a las comisarías ya que a julio de 2017 en las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 2.944 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro, lo que significa que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón.
Además durante 2016 la CPM registró 16.403 hechos de agravamiento en las condiciones de detención que sufrieron 3.054 víctimas en todo el sistema de encierro (adultos y jóvenes).