El senado de la provincia aprobó esta tarde una modificación en el código procesal penal que obliga a los jueces a «valorar expresamente los dichos» de las víctimas de delitos. El senador lanusense José Luis Pallares agradeció a sus pares por la votación positiva, al tiempo que ponderó el abordaje a las víctimas, «que tendrán la posibilidad de ampliar su tiempo para presentarse como particular damnificado y solicitar un juicio rápido”.
Las mismas deberán ser notificadas y podrán expresar su opinión cuando estimen conveniente, debiendo el juez valorar expresamente sus dichos. Del mismo modo, en la audiencia en la que participe la víctima y mientras dure su presencia en el acto, el imputado podrá ser excluido de la sala.
En ese sentido, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Nidia Moirano de la alianza Cambiemos fustigó el manoseo al que eran sometidas las víctimas en las instancias judiciales. “Eran la grandes olvidadas del juicio penal”.
Desde 2012, Pallares presentó diversas iniciativas para dar más facultades a las víctimas y muchas de ellas fueron recogidas por la norma sancionada, como la ampliación del tiempo de las víctimas para presentarse como particular damnificado y «dándole la facultad de oponerse a un juicio abreviado hecho a sus espaldas».
«La ley actual sólo permite presentarse como particular damnificado hasta el momento en que se pide la elevación a juicio oral de la investigación. Si no lo hizo se le prohíbe hacerlo después. Por eso venimos proponiendo, como nos reclaman las víctimas, que se les permita presentarse hasta el momento en que empieza el juicio oral, para interrogar a los testigos y peritos, pedir pena, apelar la sentencia», señaló Pallares.
«Hasta hoy el fiscal y el defensor del acusado pueden acordar un juicio abreviado y el juez dictar sentencia sin escuchar a la víctima. Por eso planteamos que sea obligatorio para el juez oír a los damnificados antes de aprobar un juicio abreviado», agregó.
Además, Pallares tiene presentado un proyecto integral de protección y asistencia a los damnificados por delitos, reconociendo a las victimas derecho a recibir asistencia legal, social, médica, psicológica y psiquiátrica, ayuda social de distinta índole, para reinsertarse social y laboralmente, para trasladarse, para sus estudios y trabajo, para su núcleo familiar afectado, etc.