La gobernadora María Eugenia Vidal encara antes del fin del año una amplia agenda legislativa que incluye el fin de las jubilaciones de privilegio, la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores, una reforma ministerial para achicar el gasto político y la adhesión a la ley nacional de ART.
En este sentido, fuentes de la Gobernación adelantaron hoy que la semana próxima el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura una iniciativa tendiente a eliminar las jubilaciones de privilegio, vigentes desde hace décadas en la provincia, como así tamibén una modificación de la Ley de Ministerios.
Si bien aún no se definió por cuál cámara ingresará cada una de esas iniciativas, fuentes gubernamentales indicaron que se trabaja en la redacción final de esos proyectos para poder enviarlos a partir del lunes próximo y que sean tratados luego del recambio legislativo del 10 de diciembre, en el marco de extraordinarias.
Una de las propuestas más importantes es la reforma de la ley de Jubilaciones y pensiones de privilegio, que hoy alcanza a los cargos de gobernador, vicegobernador, funcionarios de los organismos descentralizados, legisladores y magistrados.
Las fuentes señalaron que la iniciativa alcanzará a los cargos políticos que hoy pueden jubilarse con 55 años de edad y 30 de servicio; mientras que la mayoría de los 600.000 empleados públicos deben reunir un mínimo de 60 años y 35 de servicio para que el Instituto de Previsión Social (IPS) los reconozca como jubilados.
Así, obtienen una jubilación del 82 por ciento móvil, cuando el porcentaje para el resto de los estatales beneficiarios del IPS oscila entre el 70 y el 80 por ciento del haber del trabajador en actividad, disparidad que ahora se busca equilibrar con el proyecto oficial.
El Ejecutivo provincial se propone también reformar la ley de Ministerios en pos de una reducción del gasto político, a partir de la fusión y eliminación de direcciones, secretarías y subsecretarías.
En este sentido, pretende eliminar unos 150 cargos de las actuales 80 subsecretarías, 277 direcciones provinciales y 633 direcciones de línea, lo que generaría un ahorro en 2018 de aproximadamente 500 millones de pesos, calcularon fuentes de la gobernación bonaerense.
Quienes trabajan en la redacción final de los cambios a la ley de Ministerios afirman que «no habrá grandes sorpresas, como eliminación de carteras, sino que, principalmente, se reasignarán competencias de distintas áreas y ahí se verán reflejados los reordenamientos».
Vidal también buscará convertir en ley la presentación obligatoria de declaraciones juradas públicas por parte de los diputados y senadores, dado que esa norma por ahora alcanza sólo a funcionarios gubernamentales.
Para ello, intentará reflotar algunos de los proyectos que ya habían sido presentados por el propio bloque de Cambiemos en la Legislatura. De aprobarse, los 92 diputados y 46 senadores bonaerenses deberán hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes.
Por otro lado, el gobierno bonaerense pretende además que la Legislatura apruebe la adhesión a la ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
Si bien la adhesión fue aprobada por unanimidad en la cámara de diputados en mayo pasado, el gobierno aún no logró destrabarla en el Senado, donde es resistida por el massismo, el peronismo y el kirchnerismo, cuyos bloques se negaron a tratarla en reiteradas oportunidades en las comisiones de Trabajo y Presupuesto.
Por eso, se prevé que el Senado podría sancionar la adhesión a la ley nacional de ART en sesiones extraordinarias.
