Los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires impulsan un paro de 48 en rechazo a la ley que reformó su caja jubilatoria y en repudio a las amenazas que sufrieron funcionarios del banco, que podrían ser denunciadas penalmente.
La medida de fuerza fue dispuesta por La Bancaria y las comisiones internas de la entidad crediticia que además, votaron otro paro para los mismos días de la semana que viene, lo que implicará seis jornadas sin atención al público ya que el lunes y martes posteriores son feriados de carnaval.
El Gobierno bonaerense promulgó a mediados de este mes la ley que modificó el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia, donde entre otras cosas elevó la edad para acceder al beneficio jubilatorio, en forma escalonada, desde los 57 actuales a los 65 años.
En tanto, según trascendió ayer, la entidad que preside Juan Curuchet notificó a los empleados que aplicará descuentos sobre los salarios a quienes decidan adherirse a la huelga que se iniciará hoy.
En declaraciones a la prensa, Federico Bach, secretario general de La Bancaria La Plata, manifestó que “el conflicto arrancó en diciembre, el 20 entró en conciliación obligatoria pero salimos sin lograr ningún avance en la negociación con las autoridades de la provincia de Buenos Aires”.
“Si no teníamos resultados reales íbamos a realizar más medidas y terminar de preparar una presentación judicial por inconstitucionalidad”, dijo.
A su vez sostuvo que “nos preocupa que en esta Ley, la provincia sacó el artículo 40 que era la que garantizaba el pago de las prestaciones jubilatorias y deja como único actor al Bapro”.
Por otra parte, pudo saberse hoy que, días atrás, un grupo de 80 manifestantes irrumpieron en el quinto piso del edificio central del Banco Provincia, donde se encuentran distintas dependencias de la entidad, entre ellas la Gerencia de Comunicaciones del Bapro y profirieron insultos y amenazas personales y al grupo familiar.
Por tal motivo, los abogados del Banco Provincia analizan formular una demanda penal contra los dirigentes que perpetraron las amenazas y fuentes de la gerencia general de la entidad dispusieron que se establezca en el lugar una guardia policial permanente.