La Corte Suprema de Justicia realizará mañana una audiencia de seguimiento del fallo Mendoza, por el que hace 10 años ordenó a los gobiernos de la Nación, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires recomponer el daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. La Defensoría de la Ciudad se quejó porque no fueron invitados a
participar de la audiencia vecinos y delegados de las villas y
asentamientos ubicados sobre el camino de sirga, la franja costera de 35
metros a partir de la ribera que se debía convertir en un corredor verde.
El encuentro tendrá lugar a partir de las 10 en el Palacio de
Tribunales, Talcahuano 550, donde estarán funcionarios de la Autoridad
de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado Nacional, de los gobiernos
bonaerense y porteño y de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos
(AySA).
“Los vecinos siguen sin ser parte del proceso de relocalización y sus
derechos continúan siendo vulnerados. La Defensa Pública planteó que uno
de los desafíos más importantes en esta causa es procurar la
participación efectiva, directa y real» de quienes se ven «afectados en
su calidad de vida”, señaló el defensor adjunto, Luis Duacastella.
El defensor dijo que «los vecinos organizados tienen derecho a efectuar
consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la
planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre,
fueron parte de la solución y no del problema”, afirmó.
A casi 10 años del fallo de la Corte, en la ciudad de Buenos Aires ya relocalizaron por la liberación del Camino de Sirga a unas 700 familias, aunque aún faltan otras 1.265.
A finales del 2017 reubicaron a 118 familias de la Villa 26 (Barracas) y más de 500 de los asentamientos Luján y Magaldi; de El Pueblito (Nueva Pompeya), así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo.
Con esta última mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) fueron reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales.