El gobierno de María Eugenia Vidal reglamentó la ley provincial de adhesión a la norma nacional 27.328, que establece el Régimen de Contratos de Participación Público-Privada, una medida con la que espera mantener la actividad de la obra pública en territorio bonaerense.
En los fundamentos se explicita que los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público (en carácter de contratante) y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en dicha ley (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios; inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Además, se designó al Banco Provincial de Inversión Pública (Bapin) como ventanilla de ingreso de todo contrato a ejecutarse bajo la modalidad prevista en la ley 14.920.
También se autorizó la implementación y utilización de todos los sistemas de gestión documental que se encuentren habilitados, incluidos la firma electrónica y digital, los documentos y expedientes electrónicos y los registros electrónicos; los que deberán contemplar los mismos atributos que se han previsto para su gestión en soporte papel, para todos los registros y procesos incluidos en la reglamentación.
Se estableció, a la vez, que cada Organismo de la Administración Pública Provincial y/o Municipal que propicie un Proyecto a ejecutarse bajo modalidad de Participación Público-Privada deberá, previamente, incorporarlo al Bapin del Ministerio de Economía a fin de que la DPIPyPPP proceda a darle tratamiento.
En tal sentido, en caso de que los municipios realicen obras o presten servicios que se vinculen con leyes o planes provinciales bajo la modalidad regulada en el presente, éstos deberán gestionar la autorización ante la autoridad de aplicación o proceder a convenir con ella las coordinaciones necesarias.
Se encomendó a la DPIPyPPP la elaboración de un proyecto de reglamentación específica sobre las iniciativas privadas a ser promovidas bajo esquemas de PPP, y se creó el registro de proyectos de Participación Público- Privada.