El proceso de “recomposición” del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016 fue «el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución. Desde esa fecha, los incrementos acumulados en promedio fueron del 2057% en gas natural; de 1491% en energía eléctrica; y de casi un 1000% en el servicio de agua potable», según un informe publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
El estudio indica que el proceso de “sinceramiento” tarifario siguió su curso durante 2018, con una «fuerte suba en transporte público urbano».
«Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año», añade.
Desde la UNDAV aseguran que hubo aumentos del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.
Por su parte, las tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%) «también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta la fecha».
En cuanto a la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años.
«Esto se transparenta con claridad en el índice de precios al consumidor. Ocurre que el capítulo relativo a gastos de vivienda ya crece casi 50% más que el nivel general del indicador. Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, de 23,5%», concluye.
