La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a nueve de las diez familias de las víctimas fatales de la «masacre» de Esteban Echeverría, recusó al fiscal Fernando Semisa por «falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio en la investigación» de los hechos.
«Desde un comienzo la acción de la fiscalía se direccionó a poner a las propias víctimas como responsables de la masacre; seis meses después, poco avanzó en las responsabilidades funcionales y políticas que ocasionaron la peor masacre en comisarías de la provincia de Buenos Aires», indicaron.
El 15 de noviembre de 2018, se produjo un incendio en el calabozo 1 de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que provocó la muerte de 10 personas.
«Los sobrevivientes recuerdan los gritos pidiendo auxilio. En ningún momento ingresó algún agente policial con matafuegos para intentar sofocar el fuego ni tampoco a abrir las celdas. La comisaría no tenía red de prevención de incendio y los dos matafuegos que había en la dependencia tenían la carga vencida. Dos personas murieron en el lugar, ocho en los días siguientes en distintos centros de salud», explicaron.
De acuerdo a lo informado, el expediente judicial tramita en la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora y, «a pesar de ser una fiscalía especializada en violencia institucional, el fiscal no aplicó ninguno de los protocolos ni reglas internacionales que deben atenderse en este tipo de casos. Todo lo contrario, solo orientó la investigación sobre la responsabilidad de las propias víctimas».
«A pesar de tener el deber de una investigación objetiva, que pueda comprender de manera integral el hecho, al momento de tomar las primeras declaraciones a los sobrevivientes, el fiscal sólo se limitó a indagar sobre el inicio del fuego desconociendo el contexto de vulneraciones de derechos por parte del Estado. Este mismo criterio del fiscal hace que, a seis meses de la masacre, no se haya profundizado con la diligencia necesaria la investigación sobre las responsabilidades funcionales de los policías de servicio esa madrugada ni sobres las responsabilidades de los funcionarios policiales y políticos, que tienen la obligación de velar por la integridad de las personas bajo custodia del Estado», dijeron.
Desde la CPM informaron que al momento de los hechos pesaban sobre la comisaría 3ª de Esteban Echeverría siete clausuras, una por resolución ministerial y seis por orden judicial: la primera de 2011, la última de enero de 2018. Antes de la clausura el cupo fijado por la propia institución policial era de 10 personas. No obstante esto, el día del incendio había 26 detenidos. Todos los funcionarios estaban al tanto de esta situación, sin embargo las clausuras fueron todas desobedecidas.
«A pesar de la profunda prueba documental sobre la situación de las comisarías en la Provincia y de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría en particular, recién el próximo 20 de mayo será citado a declarar el Comisario a cargo de la departamental. Ante la inacción fiscal para avanzar sobre esta línea de investigación, esta medida fue aceptada después de un reclamo insistente por parte de la CPM, como particular damnificado», agregaron.
«Otra prueba más de la parcialidad manifiesta en la instrucción de la causa fue el intento de imputar por falso testimonio a uno de los sobrevivientes que, a su vez, es parte del proceso como particular damnificado. Cuando prestó declaración testimonial dio detalles sobre lo ocurrido esa noche y sobre la actuación policial cotidiana sustentada en la violencia, los malos tratos y la indiferencia a los reclamos reiterados. El fiscal lejos de valorar su testimonio, adoptó una vez más una actitud criminalizadora de las víctimas y pidió que se lo investigue por falso testimonio. La criminalización de las víctimas y la casi nula investigación de las acciones u omisiones de los funcionarios responsables atentan contra la búsqueda de la verdad sobre lo que pasó y el derecho a la justicia de las víctimas», concluyeron.