Dos policías bonaerenses detenidos por el crimen del comisario Hernán Martín fueron excarcelados por orden de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, integrada por los jueces Tomás Bravo, Martín García Díaz y Jorge Rodríguez. La medida benefició al oficial principal Raúl Elías Hernández y al teniente primero Claudio Saldivia.
De esta manera, sólo queda el capitán Eduardo Franicevich como único detenido por el asesinato de Martín, quien murió a balazos en marzo pasado durante un tiroteo cuando presuntamente cobraba una coima en una estación de servicios de Avellaneda.
Los liberados pertenecían a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús, al igual que la víctima y el principal acusado que continúa preso.
Según las fuentes, la defensa de Hernández, Saldivia y Franicevich habían apelado ante la Cámara el procesamiento dictado en su momento por la jueza de garantías Estela del Carmen Mollo, a pedido de la fiscal de la causa, Soledad Garibaldi.
Ante este planteo, los camaristas entendieron que no había suficientes pruebas para que los primeros dos continuasen detenidos, por lo que ordenaron su excarcelación por falta de mérito.
Para la Cámara, no se reunieron «evidencias concretas» de que Hernández, como jefe de operaciones, «tuviera conocimiento acerca de los procederes ilícitos llevados a cabo por personal» de la DDI y en ese sentido remarcaron que «no se agregaron comunicaciones telefónicas» por parte del acusado.
De acuerdo al fallo, los camaristas también hicieron hincapié en que Hernández no fue reconocido en rueda de presos por la mujer que había sido privada de su libertad para que les pagara una coima.
La Cámara también cuestionó que durante la investigación «no se logró acreditar qué vehículos» participaron del hecho y, además, ordenaron la «exclusión probatoria» de los mensajes obtenidos de la apertura de los celulares secuestrados en el lugar del hecho.
Y en cuanto a Saldivia recordaron que si bien la antena de su celular se activó en proximidades a la escena del crimen, él declaró que se había olvidado el día antes su teléfono móvil en el vehículo de Martín (43).
Mientras que en el caso de Franicevich, los camaristas resolvieron que siga con prisión preventiva.
En tanto, también está involucrado el comisario inspector José Hernández, hermano de Raúl y jefe del Gabinete Antidrogas de la DDI.
Diego Raidan, abogado de los Hernández, explicó que el comisario inspector «no está prófugo» ya que si bien hay una orden de detención, la misma está en suspenso ya que interpusieron una eximición de prisión que aun no fue resuelta por la Cámara.
El hecho ocurrió el 29 de marzo pasado en una estación de servicio Shell situada en el acceso al Parque Avellaneda Shopping, donde policías federales fueron a detener al comisario Martín y a Franicevich, ambos integrantes de dicho gabinete, en el marco de una causa por una extorsión.
La investigación se había iniciado un día antes, cuando una mujer se presentó en la fiscalía a cargo de Garibaldi y denunció que supuestos policías le habían exigido dinero para no armarle una causa por drogas, la tuvieron 50 minutos esposada en un auto perteneciente a la fuerza y luego fueron hasta su casa y le pidieron 30.000 pesos a su marido, de origen dominicano.
La mujer pactó con los extorsionadores que el viernes iba a entregarles los 170.000 pesos restantes en la mencionada estación de servicios.
Entonces se organizó un operativo con la División Antidrogas Urbanas de la Policía Federal y doce policías se distribuyeron en forma encubierta en la estación de servicio.
Luego de la entrega del dinero, Franicevich fue detenido, mientras que Martín trató de escapar en un Toyota Etios, por lo que hubo un tiroteo en el que el comisario murió y dos efectivos de la Federal resultaron heridos.
En el caso también interviene el abogado Edgardo García, en representación de la viuda de Martín, Sandra Ojeda, quien además de solicitar ser aceptado como particular damnificado pidió el apartamiento de la jueza Mollo, lo que fue rechazado por la misma sala de la Cámara.
A su vez, el defensor Raidan ya planteó la recusación de la fiscal y la denunció por «abuso de autoridad» en la Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense y en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Avellaneda.
