La Fiscalía Especializada en Lesa Humanidad de La Plata solicitó al Tribunal Oral Federal 1 de la capital bonaerense que celebre en forma virtual la audiencia preliminar para fijar la modalidad de inicio del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cometidos contra 429 víctimas en los centros clandestinos «Pozo de Quilmes» y «Pozo de Banfield», informó hoy una fuente judicial.
El juicio debía comenzar el 5 de mayo último pero el aislamiento social obligatorio por el coronavirus lo impidió, por lo que la Fiscalía pide ahora que se realice una audiencia preliminar en forma remota para acordar con las partes iniciar y seguir el juicio a través de una plataforma virtual.
Los fiscales de la Unidad, Hernán Schapiro, Cecilia Incardona y Juan Martín Nogueira, expresaron que a pesar de compartir la preocupación por la emergencia sanitaria de la pandemia, «el estado de emergencia no puede constituir un obstáculo al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos y a la continuidad del servicio judicial».
En su pedido proponen la celebración de la audiencia a través de la aplicación Cisco Web.
La Fiscalía invocó el artículo 164 del Código Procesal Penal de la Nación, que admite la toma de declaraciones mediante el sistema de videoconferencia cuando esté en riesgo la salud de la víctima o en el caso de que esta se encuentre en un lugar distante, regulación que también se encuentra prevista en las 100 Reglas de Brasilia.
Para los fiscales, la audiencia bajo esta modalidad resguarda los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, ya que «las partes podrán expresarse verbalmente, el juicio puede ser visto por el público (…) por medio del Centro de Información Judicial (…) y las y los jueces y parte tendrán contacto audio-visual con todos los testigos».
En la causa unificada de «Pozo de Banfield» y «Pozo de Quilmes» se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos del «Circuito Camps», que comandaba el genocida Ramón Camps- y funcionaban en la órbita de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Quilmes y en la de Banfield.
La causa tiene 19 imputados, 429 víctimas y 400 testigos.