El Gobierno de María Eugenia Vidal abrió entre 2017 y 2018 más de 600 sumarios administrativos contra docentes que adoptaron medidas de fuerza, hasta que esta semana el actual mandatario, Axel Kicillof, estableció la anulación de esos trámites, gesto celebrado por las distintas agremiaciones gremiales que representan al sector.
La Resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación, con las firmas de la ministra Agustina Vila y de la subsecretaria Claudia Bracchi, dejó sin efectos los sumarios el jueves pasado pero las consecuencias emocionales persisten en los testimonios recogidos por Télam de los maestros afectados.
Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que «la gestión anterior les inició sumarios a docentes que ejercían el legítimo derecho a la protesta» y que la resolución de la actual gestión «saldó ese atropello».
Del mismo modo se pronunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, quien analizó que de esta forma se puso «fin a las prácticas extorsivas sufridas durante la gestión anterior y se reivindicó la lucha en defensa de la educación pública».
En enero de este año el Gobierno bonaerense había resuelto devolver a los docentes el dinero que Vidal les había descontado por los días de huelga, cuando los maestros de la provincia paralizaron sus protestas en adhesión y solidaridad con la lucha de sus colegas de Chubut.
Dos meses más tarde, en marzo, en una de las primeras reuniones paritarias, las autoridades educativas del Gobierno de Kicillof acordaron levantar los sumarios administrativos que habían surgido en un contexto donde se había avanzado con el cierre de las escuelas rurales y del Delta y del bachillerato para adultos.
