Desde el bloque se senadores provinciales del Frente de Todos emitieron un comunicado en el que afirman que «los y las bonaerenses merecen una Ley de Víctimas surgida del consenso y del debate».
Según se indicó, «durante la gestion de(la ex gobernadora María Eugenia) Vidal no se aprobaron leyes sobre víctimas, y en el caso de la Ley de Protección y Asistencia Integral de Víctimas ni siquiera se le dio tratamiento en las comisiones».
«Sin embargo, en el día de la fecha, desde Juntos por el Cambio se aprovechó de una mayoría circunstancial para dictaminar en un plenario de las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos los proyectos de ‘Ley de víctimas’ presentados por miembros de su bancada durante 2020, sin agotar el debate necesario para poder aprobar la mejor norma posible para los bonaerenses y sin tener en cuenta todas las opiniones de los distintos sectores involucrados ni del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires», manifestaron.
Ante esto, desde el bloque presentaron «un dictamen de minoría que recoge el trabajo que vienen realizando desde el comienzo de nuestra labor legislativa y que surge del diálogo con todos los actores involucrados en la temática».
«Hacemos votos para que el bloque de la oposición, en el debate legislativo que debe continuar en otras comisiones, esté a la altura de la gravedad del problema, privilegiando la necesidad de justicia que demanda el pueblo bonaerense desde hace tanto tiempo en vez de los intereses políticos circunstanciales», agregaron.
En el comunicado se especifica que en «2016 se presentó un paquete de proyectos de ley con autoría del senador José Luis Pallares para ampliar los derechos de las víctimas y particulares damnificados en el proceso penal y en la ley de ejecución penal, así como para establecer un Sistema de Protección y Asistencia Integral a quienes resulten damnificados por este flagelo cotidiano que es la inseguridad y el crimen”.
«Entre otras cuestiones propusimos:
1) Ampliar la participación y las facultades del particular damnificado en el proceso penal, sus posibilidades de intervenir en el juicio oral, etcétera; incluyendo la posibilidad de oponerse aun juicio abreviado que hubieran acordado el fiscal y el defensor del imputado.
2) La obligación de escuchar a los damnificados antes de hacer lugar a los beneficios liberatorios pedidos por los condenados.
3) La participación procesal de asociaciones de víctimas.
4) Una Ley de Protección y Asistencia Integral de Víctimas».
