La fiscal que investiga el homicidio de la oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero, baleada por motochorros durante un asalto en el partido bonaerense de Quilmes el 16 de agosto último, pidió la prisión preventiva de dos adolescentes de 17 años detenidos por el hecho, entre ellos del presunto autor material del disparo, informaron fuentes judiciales.
En tanto, ayer, al cumplirse un mes del asesinato, familiares de la policía Romero realizaron una nueva marcha hacia los tribunales de Quilmes para pedir justicia y la madre de la joven asesinada exigió que los detenidos «no salgan más de la cárcel».
El pedido de prisión preventiva fue realizado por la fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil María Julia Botasso ante el juez de Quilmes Juan José Anglese, quien tiene cinco días hábiles para resolver si dicta esa medida de coerción para los acusados de «homicidio en ocasión de robo doblemente agravado».
El requerimiento alcanzó a solo dos de los cuatro inicialmente detenidos por el hecho, ya que los restantes, mayores de edad, fueron liberados por falta de pruebas días atrás, dijo a Télam una fuente con acceso al expediente.
«Contra los dos que quedaron libres no había pruebas y los pocos indicios obtenidos en el inicio de la investigación fueron desvirtuados», dijo el informante, quien no obstante aclaró que ambos quedaron sujetos al expediente.
Sobre los dos adolescentes, la misma fuente dijo que el sindicado autor del disparo que mató a la oficial de 23 años que se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, fue reconocido por un testigo presencial, mientras que el otro quedó comprometido al hallarse municiones del mismo calibre que el empleado en el crimen en su habitación.
En tanto, bajo las directivas de la fiscal del caso, la policía busca a otros sospechosos implicados en el ataque.
Esta mañana, al cumplirse un mes del asesinato, familiares de la policía Romero realizaron una nueva marcha hacia los tribunales de Quilmes para pedir justicia.
«No voy a bajar los brazos hasta que mi hija tenga la justicia que se merece. Es un locura que no tengamos a los delincuentes que mataron a mi hija», expresó llorando María Itatí, madre de Micaela, en diálogo con Télam.
Sobre los detenidos para quienes se pidió la prisión preventiva, la mujer pidió que «no los larguen más», al tiempo que dijo que espera que la fiscalía le de «respuestas» y «explicaciones» sobre cómo se investiga el hecho y cuáles son los avances en la causa.
«Mi nieta pregunta todo el tiempo por su madre. Si ve un tren o una foto de la playa quiere ir para estar con su mami, piensa que está en la costa, como cuando trabajaba», agregó María en referencia a la hija de la oficial, de 2 años.
Por su parte, Sara, prima de la oficial, dijo en la puerta de los tribunales: «No vamos a bajar los brazos. No vamos a parar hasta tener justicia. Somos muchos parientes y amigos que no bajaremos los brazos. Vamos a seguir acá frente a los tribunales para pedir justicia».
El crimen de Romero fue cometido la mañana del 16 de agosto último, cerca de las 7, cuando la oficial se encontraba vestida de civil y, junto a un amigo, fue a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de Quilmes.
En esas circunstancias, seis delincuentes en tres motos los interceptaron con fines de robo y, sin mediar palabras, uno de ellos le disparó a Romero, quien se encontraba sin su arma reglamentaria.
Los investigadores señalaron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax mientras que los delincuentes alcanzaron a sustraerle el celular a ella y a su amigo para luego escapar.
«Le sacaron el celular y las zapatillas a este chico. Micaela no quiso entregar un celular y dijeron ‘ella es cobani’ y le pegaron a secas un disparo en el pecho, la reconocieron», contaron sus familiares a la prensa tras el hecho.
Tras el ataque, la oficial de la PFA fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.
Romero tenía un año de antigüedad en la fuerza y era integrante de la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones, aunque estaba con licencia médica.
