La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad se amplió como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según reveló un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 «Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe», lanzado de forma virtual hoy por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la situación en la cual se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El documento expresa que, «a pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio».
El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.
«El reporte hace un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento,» explica Luis Felipe López Calva, subsecretario general Adjunto de la ONU y director Regional de PNUD para América Latina y el Caribe.
El documento señala que «la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento».
Además, afirma que, «a través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones».
Un ejemplo que se explora en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere «explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas».
También se destaca que «la región es la más violenta del planeta», y advierte que «si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables».
Más adelante, señala que «la violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad».
El informe también se detiene en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, evidenciada en su limitada capacidad de respuesta durante la pandemia. La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, «que en la región son la mayoría».
Finalmente, el reporte plantea que «las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social».
«Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir del ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social», completa.
