Al menos ocho personas fueron detenidas y otras cuatro aprehendidas o imputadas, ya que algunos estaban dentro de unidades carcelarias, acusados de integrar una banda que en los últimos meses extorsionó a 18 víctimas, a las que supuestos policías les advertían que se les iba a iniciar una causa penal por grooming para obtener dinero a cambio, se informó hoy oficialmente.
La investigación fue realizada por personal de la Dirección Investigaciones Cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Policía de la Provincia de Buenos Aires), a pedido de Natalia Pecorelli, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Delitos conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza, y con autorización del Juzgado de Garantías Nro. 6 de ese Departamento Judicial, a cargo de Carina Andrijasevich.
Todo se inició tras recibir varias denuncias en las que distintas personas eran contactadas vía mensajes de texto y llamadas por WhatsApp, donde se hacían pasar por policías que amenazaban con iniciar una causa penal en razón de que mantuvieron conversaciones con contenido sexual explícito con una menor de edad.
Tras esa advertencia, estos supuestos delincuentes les pedían una suma de dinero a cambio de no continuar con la supuesta causa penal en perjuicio del denunciante, y se les aportaba un numero de CBU de una cuenta bancaria.
Con estos datos, y una minuciosa investigación, la Justicia ordenó 16 allanamientos en las localidades bonaerenses de La Matanza, Moreno, Tres de Febrero, Lanús, Ituzaingó, Lomas de Zamora y Quilmes.
Ademas hubo otros procedimientos en el barrio porteño de Flores y en las unidades penales de Magdalena, Sierra Chica y Olmos, en el marco de investigación que en principio tiene la calificación penal de “Extorsión».
Como modus operandi, explicaron fuentes de la investigación, los detenidos mantenían comunicación vía redes sociales o aplicaciones de citas haciéndose pasar por una supuesta menor, y luego de chatear y establecer cierta confianza, las charlas tomaban tintes eróticos con fines sexuales para intercambiar fotos íntimas e incluso en ocasiones pactar un encuentro, que después nunca sucedían.
Posteriormente, otros integrantes de la banda se comunicaban con las victimas desde la aplicación WhatsApp, donde tenían como foto de perfil imágenes de efectivos policiales (por lo general de alto rango con la finalidad de hacer creíble la extorsión) para advertirles que tenían una causa penal por pedofilia (Delito de Grooming) y que la pena estipulada era de cuatro a cinco años de prisión, que su causa era muy complicada, y que para desestimarla debían depositar entre $50.000 y $100.000 pesos.
En caso de no depositar el dinero, que debía ser transferido a cuentas bancarias desde donde luego eran derivadas a otras cuentas, continuaría con la causa y en pocos horas se allanaría el domicilio.
Algunos de estos llamados extorsivos hacían alusión al encuentro pactado entre la víctima y la menor, refiriendo que dicha menor había desaparecido de su domicilio, pero que se contaba con el teléfono celular de la ausente, en el cual constaban las conversaciones donde se coordinó la cita.
Con los datos recabados, los investigadores lograron obtener las titularidades de los CBU aportados por los imputados, los titulares de los abonados telefónicos, cuentas asociadas a la aplicación de mensajería en mención y redes sociales.
Además se estableció que los perfiles de WhatsApp desde donde se realizaban las llamadas extorsivos eran falsos y que había robado la identidad de los verdaderos policías, obteniendo las fotografías de los perfiles de redes sociales y de paginas web.
Como resultado de los allanamientos, la policía secuestró 60 teléfonos celulares, tablets, notebook, discos rígidos, pendrives, posnet de Mercadolibre, tarjetas de crédito, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones, 603.500 pesos y 1.608 dólares.
