La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró durante el 2021 más de 45.000 denuncias por torturas y malos tratos en cárceles de Buenos Aires y advirtió sobre el aumento del uso letal de la fuerza por parte de la Policía bonaerense que generó durante el año pasado 120 víctimas, mientras que ocurrieron 25 muertes en comisarías, el número más alto de decesos registrados en la última década en seccionales de esa provincia.
Así lo detalla el Informe Anual 2022 sobre políticas de seguridad y encierro en la provincia de Buenos Aires que presentó ayer la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro.
«Año tras año vemos una situación de deterioro, de falta de políticas públicas para solucionar un problema social, siempre digo que los derechos humanos no se acotan a los desaparecidos, tenemos que verlo integralmente. No puede ser que se apliquen políticas represivas y no preventivas en la provincia de Buenos Aires», afirmó en la presentación el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
Durante el 2021 la CPM realizó 456 inspecciones a lugares de encierro como cárceles y alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y lugares de atención a la salud mental y realizó 40.599 entrevistas con personas detenidas o familiares.
Esas entrevistas dieron lugar a 25.562 presentaciones judiciales de habeas corpus y acciones individuales, así como también 199 habeas corpus colectivos por violaciones de derechos humanos estructurales en diferentes lugares de detención.
Este contacto directo con las víctimas permitió registrar 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales.
Además la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales, siendo el 15 por ciento de ellos menores o jóvenes.
El informe precisa que «se sigue sosteniendo la curva ascendente de la tasa de prisionización. Mientras que en 2020 en la provincia de Buenos Aires había 284 personas detenidas cada 100 mil habitantes, en 2021 el número trepó a 306 cada 100.000. A diciembre de 2021 había un total de 54.107 personas detenidas».
El crecimiento de la población encarcelada entre 2020 y 2021 fue del 7,9 por ciento y reconoció que «como propuesta para resolver este problema, el gobierno provincial construyó 1.300 nuevas plazas, pero ingresaron al sistema 3.600 nuevos detenidos. Si no se modifica la política criminal, las medidas adoptadas no resolverán el problema».
En 2021, la sobrepoblación en cárceles bonaerenses alcanzó el 111 por ciento, las 49.662 personas detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) están alojadas en las 22.060 plazas que tienen actualmente las 66 unidades penitenciarias.
Mientras que en comisarías la sobrepoblación alcanzó el 232 por ciento, con 4.445 personas alojadas en 1300 plazas.
El Informe dedica una especial atención a la situación de las mujeres y las personas trans en el encierro y precisa que 2021 se registró un aumento de las detenciones que alcanzó un total de 2.405 personas, la mayoría vinculada al narcomenudeo en clave de acciones de sobrevivencia «lo que replica la violencia patriarcal».
Otro dato preocupante del 2021 fue que en las cárceles bonaerenses murieron 199 personas y el 87% de estas muertes se produjeron por desatención de la salud, es decir muertes que podrían haberse evitado si hubiese una gestión diferente de la salud en el encierro.
Esto implica un incremento de la tasa de mortalidad a 4,4 cada 10.000 personas contra un promedio de 3,3 de tasa promedio durante los años anteriores.
En tanto, en comisarías se registraron 25 muertes durante el 2021, el número más alto registrado en la última década.
Por otro lado, durante 2021 fueron asesinadas 120 personas a manos de fuerzas de seguridad, 25 de ellas menores de edad.
En 8 de cada 10 casos se comprobó que la muerte se produjo mediante el uso del arma reglamentaria y con el agente fuera de servicio, siendo la principal fuerza responsable de estos asesinatos la Policía Bonaerense con el 52 por ciento, seguida por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, responsables del 21 por ciento de los asesinatos.
