Un integrante del Instituto de Derechos Humanos de Uruguay declaró ayer en la ciudad de La Plata en el juicio unificado por los delitos cometidos contra casi 500 víctimas cautivas en tres excentros clandestinos, aportó información sobre «vuelos clandestinos con tripulación militar» entre ambos países y requirió colaboración para conocer qué pasó con varios detenidos uruguayos que fueron interrogados por militares de esa misma nación.
Se trata de Walter Washington Pernás Pereira, quien declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde octubre de 2020 juzga a 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Berges, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.
El especialista explicó que integra un equipo encargado de investigar lo ocurrido en Argentina con ciudadanos y ciudadanas uruguayas durante la dictadura de ese país y la de aquí.
«El 18 de septiembre de 2019 se aprobó una ley en el Parlamento uruguayo que obligó al Instituto de Derechos Humanos a buscar los desaparecidos en el marco de la dictadura y se conformó este equipo que trabaja con fuente humana, es decir hubo que salir a buscar testimonios de personas que brinden datos que hasta ahora no se tienen», precisó Pernás Pereira ante el TOF 1.
En ese sentido, remarcó que se trata de «una carrera contra el tiempo porque salimos a buscar a personas que han fallecido».
«La dictadura en Uruguay cesó en 1985 pero no hubo Juicio a las Juntas como en Argentina, tuvimos una ley de caducidad que aletargó nuestra investigación», destacó.
El investigador uruguayo reconoció que «no sabemos si encontraremos restos de desaparecidos pero sí reconstruiremos la verdad».
«Aún en pandemia logramos hacer 120 entrevistas a militares, civiles, testigos calificados, familiares, allegados y fuentes de contexto. Estamos siguiendo líneas de investigación nuevas para Uruguay», dijo entusiasta y remarcó que se busca información sobre «197 a 200 desaparecidos».
Asimismo, precisó que en los datos que cuenta «llega un momento, entre el 16 y el 18 de mayo de 1978 que nos dicen ‘dejamos de ver a los uruguayos’ (en esos excentros clandestinos argentinos) y no hay mayor explicación o aluden a que fueron ‘trasladados en vuelos clandestinos’ a Uruguay, sin que tengamos pruea documental para afirmarlo».
«Por eso quiero pedir ayuda a los Tribunales, para poder llegar a acceder a todos los datos de los tribunales argentinos. Estamos en el camino de la verdad», sostuvo.
Pernás Pereira expuso sobre el hallazgo de un «libro de anotaciones de los vuelos durante la dictadura uruguaya», que se realizaban en aviones Douglas C47, y en cuya tripulación figuraban siempre 3 militares uruguayos.
Aportó información, además, sobre el destino de esos vuelos, entre uno y otro país: la base aérea Carrasco, Ezeiza, el Aeródromo de Quilmes, el Aeropuerto de El Palomar y también precisó que figura una sigla que indicaba «lugar de aterrizaje desconocido».
«Comparando la cantidad de vuelos antes y después de la dictadura, rompe los ojos el incremento de las frecuencias», destacó y aclaró que «es información parcial» sobre un tipo de vuelos que se realizaba en esa época.
Utilizando filminas, precisó los vuelos entre ambos países entre diciembre de 1977 y septiembre de 1979, destacando que «tras el cierre de los centros clandestinos de Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, los vuelos terminaban en la base aérea de El Palomar (en Uruguay), donde funcionaba un centro clandestino».
«Agradezco lo que se está haciendo acá (en este juicio) por esclarecer estos casos (de uruguayos detenidos en estos excentros) porque la coordinación entre ambos países es importante. Necesitamos desentrañar no solo desde Uruguay esta situación», expresó Pernás Pereira y dijo que «hay militares argentinos que callan esta situación que se corta entre el 16 y el 20 de mayo de 1978».
En esa línea, afirmó que «a la Institución le gustaría ver que se haga foco en qué pasó con los uruguayos, porque entiendo la búsqueda de la responsabilidad penal, a nosotros nos ocupa la reconstrucción de la verdad y de los restos; y si algo pueden colaborar les vamos a estar agradecidos».
Durante esta audiencia también declaró Luis Armesto, quien estuvo secuestrado junto a su padre Julio, exdiputado bonaerense de 1973, en el Pozo de Banfield, donde ambos sufrieron torturas.
«Hice una promesa hace mucho y por eso estoy acá. Mi padre estaba muy golpeado y yo le dije que cualquiera de los dos que saliera vivo, el primero que saliera vivo debía estar ante la justicia para declarar para que esto no pase más», dijo emocionado.
Remarcó que «por eso tengo esta fuerza de voluntad de venir acá, ese es mi motor interno. Sigo sin entender, y diré una frase que un militar que estuvo detenido escribió en su libro ´Mi Testimonio´, me refiero a Agustín Lanusse» y agregó que: «Él dijo ´hay seres tan aberrantes y tan bajos que de no haberlos conocido no habría creído jamás en su existencia'».
«Digo esa frase de Lanusse y para terminar la frase del fiscal Strassera, Nunca Más», concluyó Armesto.
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
