Las jóvenes bonaerenses son las más desfavorecidas del mercado laboral, con una menor tasa de empleo y mayor tasa de desocupación, reveló el Sistema de Indicadores de Políticas de Género de la provincia de Buenos Aires, presentado hoy por el gobernador Axel Kicillof.
En el portal, al que se accede por el link https://sipg.ec.gba.gov.ar/, se pueden ver cuantificadas diversas dimensiones de las que se analiza la perspectiva de género: la dimensión demográfica, la económica, la física, la dimensión física, la dimensión de la toma de decisiones y la dimensión Estado.
En cuanto a la dimensión económica, se precisa que las mujeres jóvenes son el grupo más desfavorecido en el mercado de trabajo, al presentar la menor tasa de empleo (35,3%) y la mayor tasa de desocupación (16,9%).
También se evalúa el ingreso laboral mensual promedio de la población, en 2021, en seis aglomerados urbanos y en ese sentido, por ejemplo, mientras una mujer con cargo de directora percibía 63.624 pesos, un hombre con similar cargo percibía 102.518 pesos; una trabajadora asalariada percibía 37.909 pesos un hombre 51.572.
La dimensión toma de decisiones revela que solo el 14,3% de las máximas autoridades del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires son mujeres.
La dimensión estado precisa que entre 2020 y 2021 se capacitó a 3.217 máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial, a 1.328 formadoras y formadores en municipios y a 306 formadoras y formadores en el Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley Micaela.
En cuando a la dimensión demográfica, detalla que en 2021 se realizaron 968 cambios registrales de la partida de nacimiento y DNI según el género autopercibido; y la dimensión física precisa que los varones jóvenes (de 20 a 24 años) tienen una tasa de mortalidad tres veces mayor que las mujeres de la misma edad, tratándose de muertes asociadas a causas externas, como por ejemplo siniestros viales, suicidios o muertes violentas, y no asociadas a la salud física de la persona.
En la provincia de Buenos Aires hay 59 efectores provinciales y 432 efectores municipales que garantizan el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, lo que posibilitó que entre 2019 y 2021 se duplicaran los municipios con acceso a dichos efectores (pasaron de 63 municipios a 130).
