La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy la Ley de Precios Justos en Cada Municipio y el proyecto que actualiza las multas y sanciones para quienes infrinjan el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, ambos impulsados por el Frente de Todos.
Luego de su media sanción en el Senado, finalmente el proyecto de Precios Justos y alimentación saludable en los municipios es ley en la Provincia.
La iniciativa, con la autoría de Francisco ‘Paco’ Durañona, busca darle la potestad a los gobiernos locales de controlar el cumplimiento de los acuerdos de precios y de góndolas, según la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.
«Para asegurar esto, es necesaria la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son el ámbito más próximo a la ciudadanía. Las acciones que tomemos en este sentido serán realmente efectivas en la medida que lleguen a los lugares donde la gente vive y así mejoren su calidad de vida», expresó Durañona.
Enmarcada en la Ley nacional 27.642 de alimentación saludable, la nueva legislación modifica la Ley 13.133 con el objetivo de garantizar el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos.
«Conseguimos los acuerdos necesarios para que esta Ley salga y sea una herramienta más que la provincia y los municipios tendrán para hacerle frente a la concentración», aclaró el legislador.
La iniciativa propone consolidar y fortalecer a las autoridades locales de aplicación y a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), incorporándolas en cada municipio.
“Además de leyes y medidas nacionales, ahora podremos garantizar el acceso pleno a los alimentos para que sean saludables y accesibles en cada uno de los 135 municipios brindando y fortaleciendo la autonomía municipal y siendo un gran aporte a la Ley de Defensa de los y las Consumidoras”, expresó el legislador.
Además, se aprobó la Ley impulsada por la senadora Gabriela Demaría que busca actualizar las multas para quienes no cumplan con los derechos de las y los consumidores.
“El tope pasaría de 500 mil a 272 millones de pesos, con una fórmula móvil de actualización automática que evitará su depreciación”, informó.
El artículo 2 de la ley establece que “el Gobierno Provincial deberá formular políticas enérgicas de protección de los consumidores y usuarios, dentro del marco constitucional de competencias, y establecer una infraestructura adecuada que permita aplicarlas».
«Las medidas de protección al consumidor se deberán aplicar en beneficio de todos los sectores de la población y acentuarse respecto de los consumidores hípervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”, añade.
De esta manera, la senadora sostuvo que “es un deber del Estado auxiliar a los colectivos sociales más desfavorecidos, implementando políticas que atiendan a sus circunstancias y necesidades particulares”.
Para finalizar, Durañona explicó que ambos proyectos “se integran creando herramientas extraordinarias y vitales tanto para los municipios como para el funcionamiento de las oficinas municipales y así defender correctamente a los vecinos y vecinas que viven en nuestras comunidades”.
