Doce policías bonaerenses, entre ellos un capitán y cuatro comisarios, fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de prisión acusados de conformar una banda que pedía coimas a puesteros de la feria La Salada y a comerciantes de los partidos de Lanús y Avellaneda a cambio de protección para poder trabajar, entre 2016 y 2018, informaron hoy fuentes judiciales.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora recayó sobrelos efectivos por el delito de «asociación ilícita» y por el momento sólo uno estará con prisión domiciliaria hasta tanto quede firme ya que también fue condenado por un «abuso sexual».
En el fallo de 161 páginas -al que Télam tuvo acceso- los jueces Roberto Alfredo Conti, Elisa Beatriz López Moyano y Santiago Daniel Márquez condenaron a 7 años de cárcel al capitán Carlos Daniel «El Dibu» Gómez (50) y a los comisarios Marcelo Maurino (53), Esteban Lofeudo (55), Ubaldo Fuenzalida (58) y Rodolfo Moran (56).
Además, impusieron 6 años para los policías Alberto Damián Tévez (37), Cristobal González (42) y Bruno Shporluk (37); 5 años y 6 meses para Roberto «El Tigrillo» Romero (65) y José María Mattos (44); y 5 a Ruben Cañete (50) y Eduardo Moya (52).
«El Dibu» Gómez también fue condenado por un «abuso sexual» y el Tribunal dispuso su arresto domiciliario con un monitoreo electrónico, en tanto los otros once policías permanecerán en libertad hasta que el fallo quede firme.
El TOC 7 coincidió con el fiscal Sebastián Scalera, quien dio por probado que los imputados, que llegaron al juicio en libertad, conformaron una banda que entre 2016 y 2018 cometía extorsiones y estafas y que además liberaba la zona para permitir a bandas criminales cometer robos bajo distintas modalidades, entre ellas «piratería del asfalto».
La causa comenzó en julio de 2018 luego de la denuncia de un comerciante que aseguró que debía pagar regularmente 500 pesos para poder montar su puesto en la feria La Salada.
Según esa denuncia, dos policías se presentaron el 11 de mayo de 2015 en la feria «La Salada» y uno de ellos clavó un cuchillo en la mesa del puesto, le refirió que debía abonarle 500 pesos, cada vez que abría la feria, que esto era los días lunes, miércoles y sábados por la noche, y en caso contrario se lo iban a cerrar y sino cumplían se lo iban a prender fuego y lo iban a matar.
«En el marco de las actividades ilícitas desarrolladas, la recaudación de sumas dinerarias de manera ilegal representa la ultrafinalidad primordial, y ello se lleva adelante tanto por medio de sus cobradores, como así también puede serlo a cambio de permitir el estacionamiento en la vía publica por medio de otros integrantes, bajo la modalidad comúnmente denominada ‘trapitos’, o bien, para permitir la actividad comercial en las ferias por parte de los puesteros, reciben el dinero abonado por los comerciantes sin habilitación para funcionar, o para permitirles a estos vender determinados productos en el lugar libremente», sostuvieron los magistrados.
La Justicia estableció que la organización se dedicaba a recaudar dinero entre puesteros y comerciantes de la zona sur del conurbano y que cada uno de sus integrantes cumplía con distintos roles dentro de la estructura, lo que les permitía obtener millones de pesos por mes.
De acuerdo con la acusación, «la organización estaba conformada como una empresa delictiva, que tenía un sistema de recaudación en el ámbito territorial del Departamento Judicial Lomas de Zamora».
Fuentes de la pesquisa aseguraron que la finalidad de la banda era «recibir de manera ilegal sumas de dinero diarias, semanales, mensuales y semestrales, a cambio de permitir la actividad laboral de comerciantes de la zona».
También, de acuerdo con la acusación, le cobraba a bandas criminales para liberarles la zona y permitirles cometer robos, la mayoría contra camiones de transporte de cargas, bajo la modalidad de piratas del asfalto.
Finalmente, el fiscal les atribuyó similares maniobras criminales en los predios de la feria «La Salada», «El Olimpo» y en Villa Dominico, donde los feriantes debían pagar coimas para evitar que los desalojaran, les secuestraran la mercadería o les prendieran fuego los puestos.
Entre los acusados, había policías que trabajaban en la Superintendencia Zona Oeste y Zona Norte, en la Jefatura Departamental San Vicente, en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora, en la DDI Avellaneda-Lanús y en la comisaría de Presidente Perón (Guernica), además de otras dependencias, donde varios de ellos ocupaban altos cargos.
