Edesur pidio un incremento tarifario que permita hacer frente a los costos operativos en el curso de 2023, en tanto en interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, les advirtió que solo tendrán tarifas que sean «asequibles para los usuarios».
El cruce de posturas tuvo lugar durante el desarrollo de la audiencia pública virtual convocada por el organismo regulador para analizar la «adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica», dónde los representantes de las empresas no precisaron un porcentaje de incremento determinado, sino que plantearon que el ajuste debe ser «el necesario para hacer frente a los costos de operación».
En la apertura de la audiencia, Martello, advirtió a las concesionarias que «no van a obtener la tarifa que piden» sino «la tarifa que los usuarios puedan pagar» y puntualizó que «el Estado no puede ni debe renunciar a su poder tarifario», además de señalar que «la focalización de subsidios es una tarea que le lleva ingentes esfuerzos al Estado en tiempo y recursos».
«A las empresas distribuidoras les decimos lo mismo que en la audiencia anterior le dijimos a las transportadoras: no van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la tarifa que los usuarios puedan pagar», subrayó.
Por otra parte, Martello indicó que en el ENRE se evalúa «la necesidad de convocar a una nueva audiencia en el cuarto trimestre de este año» y remarcó que el interés del organismo y del Gobierno en general es que «las tarifas sean asequibles a los usuarios».
«Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo», manifestó, en referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina «tiene la regulación más bizarra del mundo».
Jorge Lemos, de Edesur, no dio ejemplos sobre valores promedio de facturas, pero advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no hubiese ajuste tarifario.
Por otra parte, los representantes de las Defensorías del Pueblo, tanto a nivel nacional, como la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, pusieron foco en la situación particular de Edesur, cuyo accionista ya difundió que tiene en venta las acciones de la compañía distribuidora de electricidad.
Entre los representantes de los consumidores, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, e integrante de la Comisión de Usuarios del ENRE, remarcó la oposición al «nuevo aumento de tarifas» y dijo que «en caso de suceder, no debe representar en las facturas un aumento mayor a la inflación, ni mayor a la actualización de los salarios».
«Estamos ante una caída sostenida del salario real que genera más pobreza», señaló la dirigente para agregar que «el 13,3% de la población no ha podido pagar el alquiler o la hipoteca y el 26,4% se atrasó en el pago de los Servicios Públicos y el 27,4% no pudo pagar las tasas municipales».
En este contexto, concluyó «la prioridad es garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables».
