Siete personas fueron rescatadas de tres campos frutihortícolas de Ezeiza y Cañuelas tras comprobarse que eran sometidas a realizar jornadas laborales de casi 14 horas diarias bajo condiciones «abusivas» y «precarias», informó hoy Policía Federal.
Personal del área de Trata de Personas de esa fuerza allanó tres campos de las localidades de Ezeiza y Cañuelas, y la Justicia imputó a sus dueños, cuatro varones y una mujer, por trata y explotación laboral.
La orden del procedimiento estuvo a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del interino Ernesto Kreplak, según se informó en un comunicado.
El allanamiento se efectuó tras realizar una investigación de un mes y medio sobre esos tres campos de cultivos de verduras donde se confirmó que al menos siete personas «eran explotadas y se les exigía una excesiva cantidad de horas laborales diarias, las cuales llegaban a casi 14 horas, de lunes a sábado, con un pago mensual abusivo, que no llegaba a los 70.000 pesos, debiendo pedir permiso para poder salir los días domingos».
Al no poseer medios de locomoción y por la distancia entre el campo y la zona poblada, las personas «vivían todo el día en su lugar de trabajo».
Sirviéndose de drones y durante el allanamiento los agentes de policía verificaron que en los predios había «casillas precarias donde vivían los empleados, con piso de tierra, sin energía eléctrica o bien con un solo foco para todo el lugar, sin agua potable, dado que concurrían a una canilla común que salía de un pozo a varios metros de allí».
«Con respecto a la cocina, solo había un brasero fabricado en forma casera, en el patio de las viviendas, donde calentaban en una olla la comida, y no contaban tampoco con heladera para preservar los alimentos, y un pozo como baño», detalló el documento.
A su vez, se comprobó la entrada y salida de los campos a través de camionetas de alta gama que pertenecían a los propietarios de los lugares.
Según se precisó, algunas de las víctimas llevaban varios años trabajando en esos campos, algunos eran casi analfabetos o no comprendían las preguntas de las profesionales, «por lo que se denotaba la total sumisión hacia sus tratantes y de una extrema vulnerabilidad».
Estas personas «no quisieron acogerse a los beneficios de un programa que se les ofreció, dado que hace años que se dedican a esa labor y no poseen familiares o se encuentran distanciados en las provincias originarias hace una veintena de años».
El juzgado dispuso se trasladara a los imputados a la sede del departamento Trata de Personas en la ciudad de Buenos Aires, para ser notificados de la causa, su identificación y otras medidas procesales, además de prohibirles la salida del país, a fin de evitar que se den a la fuga.
