Un exministro bonaerense y tres exmilitares negaron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que los juzga por delitos cometidos en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos durante la última dictadura militar, haber cometido homicidios, abusos sexuales y participado en la sustracción de Daniel Santucho Navajas, el nieto recuperado 133.
Se trata del juicio denominado «Brigadas» que se realiza desde octubre de 2020 por los excentros que funcionaron en la Brigada policial de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar.
En septiembre último la Unidad Fiscal Federal de La Plata, con la adhesión de las restantes querellas, había solicitado se amplíen las imputaciones para 12 de los 13 represores que juzga el TOF1, que semanas atrás hizo lugar al pedido y comenzó a indagar a los 12 acusados.
Se trata de Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale; Jorge Antonio Bergés; Carlos María Romero Pavón; Jaime Lamont Smart, Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu Carlos Fontana, Luis Horacio Castillo, Alberto Julio Candioti, Juan Miguel Wolk, y Enrique Augusto Barré.
La semana pasada fueron indagados Federico Minicucci y Enrique Barre, quienes se negaron a declarar; además de Jorge Di Pasquale y Jorge Berges.
Durante esta jornada el primero en ser indagado fue Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
Smart fue indagado por 10 homicidios y las privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas, y también se le amplió la imputación para los abusos sexuales cometidos contra diez mujeres.
«A los pocos días del golpe militar de marzo de 1976 me convocó a su domicilio el general Ibérico Saint Jean, a quien no conocía, y me ofreció el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se me hizo saber que el ministerio iba a ser alejado de la política de seguridad, por cuanto las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires. El ministerio quedaba mutilado en lo que hace a su relación con la Policía», aclaró Smart al inicio de su indagatoria.
Remarcó que «acepté el cargo y me pareció razonable que la política de seguridad quedara en las manos directas del Gobernador (de facto Ibérico Saint Jean) así que el 8 de abril de 1976 fui puesto en posesión del cargo».
El exfuncionario de la dictadura contó que diez días después asumió el coronel Ramón Camps como jefe de la Policía de la provincia «y lo pone en funciones el Gobernador».
«Luego fui convocado por Camps y me hizo saber que la relación del ministerio con la Policía había cesado y él dependía directamente del Gobernador y no de mi. Posteriormente lo vi en algunos actos protocolares».
Destacó que aclaraba estas circunstancias «porque en cada juicio se me hizo saber que se me juzga por lo que entienden era mi intervención en hechos atribuidos a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y esto mismo lo dije desde mi primera indagatoria».
«Además no existe ningún documento donde el ministro de Gobierno aparezca firmando alguna licitación para la Policía. ¿En tres años y medios en el cargo no se compraron equipos, alimentos, vestuarios, municiones o automotores para la policía? porque nunca se me presentó ningún documento con mi firma en alguna licitación», cuestionó.
Smart precisó que «la búsqueda de antecedentes que me vincularan con la Policía fue exhaustiva, se revisaron 1200 expediente y no se encontró nada y es así porque no tuve vinculación con la Policía. Y que las FFAA tomaran el control de la Policía no debe sorprender ante el avance de la insurgencia».
Posteriormente, fue indagado el exmilitar capitán Carlos Fontana por 3 homicidios agravados; los abusos sexuales cometidos en perjuicio de 4 mujeres y la retención y ocultamiento de un menor de 10 años, Daniel Santucho Navajas, el nieto recuperado 133.
El militar aseguró que «se me imputan hechos donde no prestaba servicios físicamente».
«Se me imputan los homicidios de personas en lugares que no estuve, como el Pozo de Banfield, yo nunca estuve en algún lugar conocido como Pozo, ni en ningún centro clandestino de detención porque no era mi función», puntualizó y negó también haber cometido abuso de mujeres.
Remarcó con ironía que «no tengo el don de la bilocación, por lo tanto no puedo haber estado en esa época haciendo un Curso de Especialización en Guerra y a la vez estar en el Destacamento de Inteligencia 101, donde sólo figuraba orgánicamente, ahí estaba mi legajo y cobraba mis haberes».
«Con respecto al menor Daniel Santucho Navajas, su nacimiento fue a fines de 1978 y en esa época no estaba ni en el Batallón, ni en el Destacamento, estaba en el interior del país», afirmó.
Tras este imputado, fue indagado Guillermo Alberto Domínguez Matheu por tres homicidios agravados; los abusos sexuales en perjuicio de ocho mujeres y la retención de un menor de diez años.
Domínguez Matheu, quien era el jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, acusó a los sobrevivientes que declararon en el juicio de «buscar venganza y resarcimiento económico» y los denunció por «presionar a los jueces» para que «no autoricen las prisiones domiciliarias».
«Direccionaron a los jueces para que lleve ya 11 años sin condena», dijo y cuestionó la declaración del periodista Horacio Verbitsky, de quien dijo que debería dar explicaciones sobre su participación en un atentado junto al periodista Rodolfo Walsh.
El represor remarcó que «jamás pisé una comisaría si quiera para pedir una constancia de domicilio, mal pude entonces ocupar un lugar en ella. Son todas imputaciones falsas en mi contra, que no corresponden a la jurisdicción que tenía asignada».
Descalificó las imputaciones de varios homicidios y abusos con el argumento de que «no revestía en esa jurisdicción» e incluso cuestionó la inclusión de víctimas travestis trans por considerar que «sus detenciones fueron por delitos no juzgados aquí, fue por ejercicio de prostitución».
«No tengo ninguna desviación sexual y mucho menos con personas de mi mismo sexo», dijo deslindando la acusación de haber violado a travestis trans.
Con respecto a una de las víctimas travestis que declaró en el juicio dijo que «alguien la asesoró para que se presente y así pueda cobrar una indemnización que resuelva sus problemas económicos».
«Todas las imputaciones que se me hacen son de una falsedad supina. Las pruebas se basan en suposiciones, en conceptos amañados imbuidos en ideología revanchista con un interés económico», aseguró en su indagatoria.
Remarcó que «no se pudo demostrar que haya apresado, torturado, violado y asesinado» a persona alguna.
También fue indagado el jefe de la Sección Reunión Interior del mismo Destacamento de Inteligencia 101, Carlos María Romero Pavón por tres privaciones ilegítimas de la libertad; la desaparición de María Magdalena Mainer, y cuatro abusos sexuales.
«Desconozco los hechos, los lugares y las fechas y toda circunstancia relacionada con lo imputado», afirmó Romero Pavón al iniciar su indagatoria.
Al igual que los exmilitares que lo precedieron también negó haber estado en los lugares donde ocurrieron los delitos de lesa humanidad.
«Físicamente estaba prestando servicios en la guarnición militar de San Nicolás. No estaba en el Destacamento de La Plata», remarcó.
Afirmó que se regía en esos momentos por un Código de Justicia Militar y Códigos de Honor y, remarcó que «si hubiera estado yo implicado en los delitos que se me imputan mis superiores no lo hubiera permitido, eran muy rígidos».
«Es una agresión estar respondiendo por estas falsedades», puntualizó.