La Multisectorial de Avellaneda por el Trabajo y la Producción, que integran la Regional CGT de ese distrito y de Lanús, ambas CTA, la UTEP, el Frente Productivo, cooperativas y la Pastoral Social, entre otros espacios, rechazó hoy «la violencia y el caos del presidente Javier Milei» y se pronunció por «el trabajo, la producción y la vida de los bonaerenses».
«La brutal terapia de choque del presidente, su decisión de producir una devaluación extrema, liberalizar precios, anular transferencias a las provincias y frenar la obra pública pulveriza los salarios e ingresos alimentarios de la inmensa mayoría y ahoga a los jubilados, principales víctimas del ajuste», señaló un documento de la Multisectorial.
Para la Multisectorial, se impone acrecentar la movilización de los sectores sociales para lograr los objetivos, y se pronunció por promover una marcha provincial «en defensa de la vida, el trabajo y la producción bonaerense» y por considerar «una similar multisectorial federal y un nuevo paro general de actividades», sostuvo el documento.
Los dirigentes exigieron «la inmediata derogación del ilegal DNU 70/23, el cese de la ‘terapia de choque’ y la adopción de medidas antiinflacionarias, un programa de precios asequible que garantice la alimentación y consumos básicos de la población e insumos para los sectores productivos y la actualización según el costo de vida de las jubilaciones, los salarios mínimo, vital y móvil, los de convenio y el social complementario», afirmaron.
También reclamaron una reforma tributaria y la simplificación de las contribuciones para que paguen «los grandes evasores; para aliviar a la pequeña y mediana empresa, que garantiza empleo; para incluir y no condenar a la exclusión a la economía social y para garantizar jubilaciones, educación y asistencia a la salud dignas», puntualizaron.
La Multisectorial demandó una Ley de Coparticipación Federal que se corresponda con el aporte productivo (38% del PBI), la población (40% del total nacional) e índices sociales de la provincia de Buenos Aires; que el Congreso «se haga cargo del arreglo de la deuda interna y externa y un programa industrializador con justicia social», y rechazó «la privatización de firmas estatales y la extranjerización de la tierra y los recursos naturales».
«El Gobierno impone la ley de la selva y procura el caos. Así crece la pobreza, la indigencia y la inseguridad; desfinancia y deteriora la asistencia a la salud por la brutal alza de los precios; niega el acceso a medicamentos esenciales; desfinancia la educación pública, la canasta escolar es inalcanzable y el presupuesto de las universidades no cubre el año lectivo. Desconoce la ley nacional de financiamiento educativo, vigente desde 1998, y suspendió las partidas del Fonid, arriesgando el inicio de clases», denunció.
Para la Multisectorial, los sectores del trabajo, el comercio y la producción sufren «la caída del consumo, de la actividad industrial y comercial, el cese de contrataciones y los despidos, como el alza desmedida del transporte y la energía, que promete la paralización del entramado productivo y su progresiva destrucción, mientras se imponen precios mundiales a alimentos y energía que nada tienen que ver con los costos del país».
«La desregulación absoluta del comercio interno beneficia a los grandes monopolios y oligopolios y, con la del comercio exterior, facilitará la evasión fiscal, el lavado de dinero, la fuga de capitales y actividades criminales como el narcotráfico. Se promueve un industricidio que favorece a los grandes formadores de precios extranjeros y la sujeción a las imposiciones del FMI para consolidar un esquema rentista financiero», concluyó.