Intendentes de al menos 11 municipios del Conurbano bonaerense lograron amparos judiciales que les permiten mantener el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios públicos, pese a la prohibición dispuesta por la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo.
La resolución, emitida en septiembre, establece que los municipios no deben incluir tasas de servicios como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de proveedores de servicios esenciales, como Edenor y Edesur. La medida busca aliviar la carga financiera de los consumidores, pero los municipios argumentan que amenaza la estabilidad de sus presupuestos y, por lo tanto, los servicios públicos que brindan.
Hasta ahora, Federico Achával, de Pilar; Mariel Fernández, de Moreno; Julio Zamora, de Tigre; Mayra Mendoza, de Quilmes; Fernando Moreira, de San Martín; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Juan Andreotti, de San Fernando; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Gustavo Menéndez, de Merlo; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y Lucas Ghi, de Morón recibieron resoluciones favorables de la Justicia.
Estos intendentes justificaron la medida en la importancia de los fondos recaudados para mantener el funcionamiento de servicios esenciales como la seguridad y el mantenimiento de infraestructura pública.
Los intendentes argumentan que el cobro de tasas a través de las facturas de servicios básicos es una práctica establecida en varios municipios y responde a una necesidad de financiamiento para áreas como seguridad, alumbrado público y espacios verdes. De eliminarse este recurso, explican, los gobiernos locales verían comprometida su capacidad de respuesta ante necesidades urgentes de la población.
Caputo argumenta que la prohibición del cobro de tasas municipales en las boletas de servicios públicos es una medida destinada a proteger el bolsillo de los consumidores, ya que estos cargos adicionales encarecen las facturas de luz y gas. En un contexto de elevada inflación y pérdida de poder adquisitivo, el gobierno nacional sostiene que estos cobros deben ser transparentes y, en la medida de lo posible, independientes de los servicios básicos. Además, según Caputo, los municipios deben buscar alternativas para recaudar fondos sin recurrir a las facturas de servicios esenciales, una medida que considera desleal hacia los usuarios.
El ministro afirmó también que la resolución pretende establecer un marco más claro en la facturación de servicios públicos, permitiendo a los usuarios conocer exactamente los costos que deben pagar por el consumo de energía o gas, sin cargos adicionales que no estén directamente relacionados con esos servicios. “La gente merece claridad y previsibilidad en sus facturas. No se puede cargar con tasas municipales en servicios que ya son esenciales y necesarios”, destacó Caputo días atrás.
La repercusión política y el debate sobre la recaudación municipal
El conflicto ha generado un tenso debate político sobre la autonomía de los municipios y la capacidad de los intendentes para manejar sus recursos. Varios intendentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos han manifestado que la medida pone en riesgo la recaudación municipal, fundamental para el desarrollo de sus jurisdicciones. Aseguran que las comunas, especialmente en el conurbano bonaerense, dependen en gran medida de estos ingresos para sostener proyectos de urbanización, obras públicas y programas de seguridad.
Por su parte, representantes de organizaciones de consumidores han expresado su apoyo a la resolución, argumentando que se trata de un paso necesario para aliviar la carga financiera de las familias, en un contexto de altos costos de vida. Sin embargo, alertan que, sin una solución alternativa, esta prohibición podría afectar a los servicios que los municipios brindan, por lo que instan al gobierno nacional y a los gobiernos locales a dialogar y encontrar una salida que contemple tanto la protección del usuario como la estabilidad presupuestaria de los municipios.
Los fallos favorables a los intendentes no resuelven definitivamente el conflicto, sino que establece una excepción temporal mientras se tramitan las apelaciones. Expertos en derecho constitucional subrayan que esta situación plantea un debate más amplio sobre los límites de la autonomía municipal y las atribuciones de los poderes locales para manejar sus ingresos en función de las necesidades de cada comunidad.
Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), respaldan el derecho de los intendentes a aplicar tasas municipales como mejor consideren, dentro del marco legal. Señalan que muchos municipios carecen de recursos propios y dependen de estas tasas para financiar servicios que no pueden ser sostenidos únicamente con fondos provinciales o nacionales. Según la FAM, restringir esta fuente de ingresos debilita la capacidad de gestión local y afecta el bienestar de la ciudadanía en áreas de alta demanda de servicios públicos. (Infobae)