La Universidad Nacional de Lanús, por intermedio de su rectora Ana Jaramillo, fue uno de los cinco amicus curiae (amigo de la corte) habilitados para argumentar en favor de la aplicación plena de la Ley de Medios, durante la audiencia que ayer se celebró la Corte Suprema de Justicia y que estuvo presidida por el titular de ese Cuerpo, Ricardo Lorenzetti.
“Esta es una ley sancionada hace cuatro años, y en su confección participaron todos los actores de la democracia del país en múltiples audiencias: partidos políticos, organizaciones sociales, universidades, asociaciones de usuarios y consumidores, medios, académicos y juristas. Su puesta en vigencia es fundamental para avanzar en la consolidación de la pluralidad de voces y, por ende, en una mayor democratización de nuestra sociedad”, sostuvo Jaramillo.
Abramovich, abogado en representación de la UNLa y el Estado Nacional afirmó al exponer ante la Corte Suprema de Justicia: «En este debate existe una visión contrapuesta sobre qué entendemos por libertad de expresión: quienes impugnan la ley lo hacen desde la trinchera de la libertad de expresión concebida desde una mirada liberal conservadora, que impone límites a la acción del Estado, que excluye la protección estatal».
En ese sentido, remarcó la necesidad de que el Estado «actúe para regular, intervenir y transformar estructuras que silencian a ciertos sectores de la población».
«El Estado tiene el deber de dar protección frente a actores no estatales, y debe transformar las condiciones estructurales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión; en especial de los sectores en desventaja para expresar su opinión», añadió.
En ese marco, el representante de la universidad criticó el fallo de la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en contra de la ley, ya que aplica un «tratamiento unidireccional al tema de la libertad de expresión» y «no toma en cuenta que, además de la restricción, la norma contiene la implementación de obligaciones positivas de garantía y protección que tiene el Estado».
De la audiencia además, participaron organizaciones intermedias bajo la modalidad de amicus curiae (amigo de la corte), que son terceros que, si bien no tienen parte directa en el litigio, están habilitados a argumentar a favor o en contra para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
