El dirigente del Partido Obrero de Lanús, Lisandro Martínez, denunció que en el proyecto inmobiliario de Campomar “se arrasó con todas las pruebas” que podían demostrar el funcionamiento en el lugar de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
“El gobierno municipal y la Comisión Provincial por la Memoria, amparándose en una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata plagada de irregularidades y contraria a la preservación del Centro Clandestino de detención tortura y fusilamiento, ha decidido autorizar la mega construcción de torres sobre Campomar”, afirma el escrito.
“Sin haber completado la Cámara Federal ninguna investigación seria y menos científica dejó hacer sin controlar a la Gendarmería que pasó el georadar por el campo, previamente trabajado a pala mecánica y modificado por el municipio de Lanús.”
“La Cámara Federal en el camino a dar vía libre al negocio inmobiliario desechó la presencia de Vargas, testigo viviente de aquel horror, “maltratando al testigo” como lo señalaran miembros de la Comisión Pcial. de la Memoria”.