El juez federal Luis Armella intimó a la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR) a realizar obras y elaborar un plan para el mejoramiento ambiental de un polo curtiembrero en Lanús. Fijó un plazo de diez días bajo apercibimiento de sancionar con $1000 diarios a los funcionarios responsables. En la misma disposición, se requirió al intendente del Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, establezca una fecha de inicio de las obras tendientes a la concreción del Proyecto de Viviendas e informe si ha efectivizado el traspaso de tierras del mencionado proyecto habitacional al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de la misma multa.Según informó el portal «Infoconurbano» las resoluciones del juez ahora hacen fonco en el predio ACUBA, cuya propiedad pertenece a la provincia de Buenos Aires y que está destinado a la implementación de una planta regional de tratamiento de residuos industriales, en donde deben ser trasladadas todas las curtiembres de Lanús.
La medida fue dictada en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema en el caso “Mendoza”, donde el Máximo Tribunal ordenara la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral del Riachuelo.
En la resolución, firmada este martes, Armella requiere a ACUMAR lo siguiente:
– Realizar las obras de construcción del muro perimetral del predio ubicado en la calle Olazábal entre Coronel Molinedo y Pte. Balbín de la localidad de Lanús.
– Establecer un listado definitivo de las curtiembres pertenecientes al Proyecto ACUBA. Se debe informar las empresas que han sido declaradas agentes contaminantes, a cuáles de ellas les fue exigido el Plan de Reconversión Industrial (PRI), la fecha en que éstos han sido presentados, y la aplicación de medidas de clausura ante el vencimiento para la presentación de PRI.
– Informar aquellas empresas respecto a las cuales se haya dictado una medida preventiva, debiendo especificar la razón de ello, y cuáles serán trasladadas al predio en cuestión, qué superficie ocupará cada una de las curtiembres adheridas y cómo efectivizarán los aportes a los que cada una de ellas se comprometiera.
– Oficializar el dato referente al caudal de efluentes resultantes de los procesos industriales de las empresas curtidoras, a fin de permitir la concreción de la totalidad de las obras previstas por la empresa AySA en la “Alternativa al Colector Margen Derecho”.
– Establecer una fecha definitiva en la que el “Plan de trabajo” acompañado como parte integrante del Proyecto del Parque Industrial Curtidor sea aprobado, debiendo asimismo establecer en él, términos concretos de inicio y finalización de cada uno de los aspectos que lo conforman.
En la misma disposición, se requirió al intendente del Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, que en el mismo plazo establezca una fecha de inicio de las obras tendientes a la concreción del Proyecto de Viviendas e informe si ha efectivizado el traspaso de tierras del mencionado proyecto habitacional al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y en su defecto, cuándo será efectivizado, bajo apercibimiento de la misma multa.
En noviembre del año pasado el mismo juez ordenó se inicie una causa penal para que se investigue a los responsables de los basurales y desarmaderos ilegales, entre otras irregularidades, existentes en ese parque industrial. La medida fue dispuesta en el marco de la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza” (por contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo), delegada por la Corte Suprema de Justicia a aquel juzgado.
En concreto, el magistrado solicitó a ACUMAR que, en 30 días, presente “una solución única, sustentable, viable, perdurable en el tiempo y que contenga la realización de todos los estudios y acciones que dictaminen el caudal de efluentes y toda otra circunstancia de interés, para implementar finalmente la solución integral de la cuestión industrial curtidora del partido de Lanús y sus alrededores, esto es, la puesta en marcha de la planta ACUBA”. fue la resolución del 3/11/2009, exactamente un años atrás.
