El concejal de Unión PRO Cristian Bosio se sumó al debate que suscitó en la provincia el traslado de policías desde los distritos a la Costa Atlántica, en el marco del Operativo Sol, y acusó al intendente local, Darío Díaz Pérez, de “hacer la vista gorda” y “no protestar como lo hicieron otros” jefes municipales.
“Hay muchos que han planteado claramente su posición y pedido que no le sacaran efectivos, en cambio, en nuestro caso los únicos que nos dimos cuenta de esto fuimos la oposición”, advirtió.
A renglón seguido, el edil consideró que el mandatario “debió haber sido quien se pusiera al frente del reclamo” y aseguró que eso “no hubiera significado estar contra el Gobernador”.
“La seguridad del pueblo no debe tener bandería política. No tiene que ser kirchnerista, duhaldista ni macrista”, recordó, al tiempo que recalcó que se trata de “un reclamo justo que el intendente pudo haber hecho porque va más allá de que sea oficialista o no”.
Los cuestionamientos de Bosio se encuadran dentro del malestar que generó en varios de los distritos del Conurbano el envió de miembros de la policía a las principales ciudades balnearias de la Provincia.
Además, se suman al conflictivo clima que se vive en Lanús en materia de seguridad desde fines de 2009, cuando el cuerpo exigió al Ejecutivo brinde información por escrito sobre cómo se está trabajando en el área desde el Municipio.
Consultado sobre este último punto, Bosio aseveró que la documentación remitida semanas atrás desde el Gabinete de Díaz Pérez “llegó incompleta” y aclaró que la oposición “no quedó satisfecha”.
“Queríamos que se de cuenta de cómo se habían gastado los fondos y no nos informaron. Además, pedimos que nos alcancen al Concejo cuáles son las funciones específicas de la Secretaria de Seguridad, y pese a que el secretario (Hugo Chazarreta) se había comprometido a enviarlas, todavía no llegaron”, apuntó.
Asimismo, adelantó que sigue latente la intención de convocar a una sesión especial para hacer públicas las conclusiones del Cuerpo respecto a lo que dejó la interpelación, y no descartó que una de las “recomendaciones” al Intendente sea la de remover al actual titular de la dependencia.
Según indicó, se trata de una de las posibilidades que está analizando el arco que componen Unión PRO, el Acuerdo Cívico y el PJ dado que “se le pidió información que nunca envió” al Concejo.
“No hay un pedido de remoción directo sino que es algo que estamos estudiándolo dado que no cumplió como funcionario y un mal desempeño podría corresponder la separación del cargo”, puntualizó.
Hoy podría definirse si se convoca a una sesión especial para mañana o el próximo viernes, donde también se trataría un proyecto para conocer si la fabrica incendiada en Villa Caraza contaba con las habilitaciones y controles necesarios para funcionar.
Fuente: Inforegión
