El Concejo Deliberante de Lanús reanudará este mediodía la actividad parlamentaria en el marco de una sesión especial en la que se tratará un pedido de informes referido al incendio de la fábrica de químicos de Villa Caraza y la propuesta de la oposición de derogar la ordenanza que reserva al Departamento Ejecutivo el derecho a decidir si envía los pliegos de las licitaciones al cuerpo para su análisis.
Asimismo, el nutrido arco opositor buscará aprobar una solicitud de información sobre las causas de un presunto incumplimiento por parte de Covelia, la empresa encargada del servicio de recolección de residuos en el distrito.
Lo que hasta ayer a última hora no estaba definido es sí en el encuentro de hoy se tratará la problemática de inseguridad o si el frente que impulsó la interpelación de los secretarios encargados del área (conformado por el PJ, Unión PRO y ACyS) esperará hasta la semana próxima para manifestar sus conclusiones sobre las respuestas que envió el Ejecutivo.
“Hay varios temas a tratar, pero todavía no sabemos si llegamos a incorporar la cuestión de la seguridad, si lo vamos a hacer en parte o si lo tendremos que dejar para más adelante”, indicó ayer por la tarde el presidente de la banca del Acuerdo Cívico, Mariano Amore.
De los todos los temas a tratar, los que generarán mayor revuelo en el recinto son la anulación de la ordenanza 9199 y el pedido de informes sobre los “incumplimientos” de Covelia.
El proyecto, que desde el FpV adelantaron no acompañarán, propone terminar con la normativa vigente desde tiempos del anterior intendente, Manuel Quindimil, y establecer que en adelante los pliegos deban ser enviados al Concejo 25 días antes del llamado a licitación para su tratamiento.
Con la iniciativa se busca recortar el margen de acción del intendente Darío Díaz Pérez, obligándolo a pasar por el Parlamento municipal todos los contratos que pretenda realizar el Municipio mediante el procedimiento de licitación pública.
Consultado al respecto, el edil oficialista Héctor Lolo Vélez indicó que el bloque no respaldará la iniciativa y remarcó que el fundamento de la ordenanza vigente es “evitar cualquier posibilidad de que alguien, conociendo esta documentación, pueda ejercer algún tipo de presión sobre las empresas”.
El segundo proyecto parte de la premisa de que la compañía encargada de la higiene urbana no cumple con lo acordado en su vinculo contractual con la Comuna en la zona este de Gerli y pide al Ejecutivo que explique el porqué de esa situación.
“Hemos comprobado que debían ponerse unos volquetes en la zona que nunca fueron puestos. Por eso, queremos que el Municipio informe por qué no se está cumpliendo con algo que dice el contrato”, apuntó Amore consultado al respecto.
Lo que a priori no generará demasiados debates es la demanda respecto a las causas que provocaron el siniestro en la fábrica de químicos de Caraza dado que desde el bloque del FpV anticiparon que acompañaran la iniciativa por tratarse de una resolución.
Fuente: Inforegión
