Bajo la consigna “No a la baja de la edad de imputabilidad. Por los derechos de nuestros niñas, niños y jóvenes”, más de 70 agrupaciones de Lanús firmaron un documento, el pasado 1° de diciembre, en el que se repudia estas medidas como forma para mejorar la seguridad.El encuentro se realizó en el confitería del Club Lanús y estuvo a cargo del Secretario General del CTA Lanús, Hugo Duran; la concejal del Movimiento Libres del, Sur Paola Rezano; y la concejal del SI local, Stella García.
El comunicado expresa:
“Ante las declaraciones del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que ha propuesto la reforma de la legislación nacional vigente para bajar la edad de imputabilidad de menores, como respuesta a la genuina demanda de los y las bonaerenses de medidas que apunten a solucionar los problemas de seguridad.
Las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y culturales abajo firmantes sostenemos que:
En la provincia de Buenos Aires esta situación es por demás preocupante ya que no solo no ha dado respuestas relacionadas a la problemática sino que ni siquiera ha cumplido con la normativa vigente sobre niñez. El marco normativo esta dado por las leyes 13.298 (de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños) y 13.634 (sobre el fuero de familia y el de responsabilidad penal juvenil) que estipulan las órbitas de competencia específica para el abordaje estatal de la problemática asistencial de niños, niñas y adolescentes. El artículo 10 de la Ley 13.298 considera a las Reglas de Beijing, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y a las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), como principios interpretativos de la norma.
Recientemente (24/10/08) la Suprema Corte de Justicia intimó al gobierno bonaerense a que en forma inmediata adopte medidas que garanticen la provisión de los recursos necesarios que permitan un adecuado y eficaz funcionamiento del fuero penal juvenil, pues consideró que no están dadas las condiciones mínimas que se ha comprometido a brindar el Poder Ejecutivo, lo cual garantizaría el debido proceso para aquellos menores imputables que hayan cometido delitos graves.
No hay ninguna evidencia acerca de que la baja en la edad de imputabilidad pueda mejorar la seguridad. En realidad, la relación es que algunos países que no han sabido controlar su medio social interno, bajan la edad de imputabilidad empeorando su situación. Por lo tanto es deber del Estado atender a la prevención antes que al castigo penal por al menos las siguientes razones : La criminalidad de sujetos menores de edad es un síntoma de la exclusión y la pobreza, por ende es un problema social. Suponer que bajando la edad de imputabilidad se solucionan los problemas sociales es atender a los síntomas y desentenderse del problema. La baja de edad de imputabilidad es una tendencia retrograda dentro del derecho y es contrapuesta a la convención internacional Sobre los Derechos del Niño, que nuestro país ratifico, y que tiene rango constitucional a partir de 1994. Por todo esto decimos que para abordar la problemática de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en todo el País es necesario fortalecer las instituciones de seguridad y justicia con mayor control por parte del estado y de la ciudadanía. Nuestros niños, niñas y adolescentes dejaran estar en riesgo solo si existe una más justa distribución de la riqueza que garantice más y mejor trabajo a los y las bonaerenses. Es primordial multiplicar los presupuestos de salud, desarrollo social y educación para garantizar la inclusión con políticas participativas y de organización social. Pero sobre todo demandamos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se efectivicen las leyes de promoción y protección integral de los derechos de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, como lo indican las Leyes Provinciales Nº 13.298 y 13.634 garantizando un futuro deseable y digno para todos los niños y niñas”.