La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó ayer el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof por el que solicita autorización para comprar vacunas contra el coronavirus para «fortalecer» la campaña de vacunación ante el incremento de contagios en el marco de la segunda ola del virus.
La iniciativa, que será tratada la semana próxima en el Senado, fue aprobada en la sesión que realizó Diputados esta tarde en la que se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original para llegar a un acuerdo con la oposición.
Es que el proyecto, al no tener despacho de comisiones, debió tratarse bajo la modalidad sobre tablas que exige el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, mayoría con la que no cuenta el oficialismo.
Por ello, más allá de los cuestionamientos que realizó en la sesión la bancada de Juntos por el Cambio al plan de vacunación contra el coronavirus, dio su apoyo al proyecto enviado por el gobernador.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo bonaerense, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
Establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial.
Allí se estableció que el informe deberá ser cada 60 días y que la Comisión tiene facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos en los casos en que éstas existan.
El proyecto de ley que motoriza el Ejecutivo bonaerense expresa que en el contexto actual “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.
Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas.
Con ese propósito, se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial o prórroga de jurisdicción en los casos de litigio judicial.
Durante su exposición en el recinto, la diputada del Frente de Todos, María Laura Ramírez aseguró que “transitamos la campaña de vacunación más exitosa con más de 3,5 millones de vacunas aplicadas en la provincia de Buenos Aires”.
Precisó que con el proyecto “el gobernador pide autorización para negociar con las reglas que impone el mercado internacional” y pidió a la oposición dejar “de mentir y caminar la calle para ver la esperanza de cada vecino cuando va a un centro de vacunación”.
“Para ustedes (señaló al referirse a la bancada de Juntos por el Cambio) ni la salud pública ni la educación eran una agenda en su gobierno”, graficó.
En tanto, Mario Giacobbe, del boque 17 de noviembre, consideró que la provincia de Buenos Aires “hace punta con su intención de comprar vacunas” y precisó que “esto marca la segunda etapa de la pandemia en la que las jurisdicciones provinciales tomarán esa postura”.
“Todos sabíamos que las vacunas iban a ser un bien escaso, como pasó con los insumos al principio de la pandemia”, dijo Giacobbe y resaltó que “los países grandes no es que se quedan con las vacunas, las fabrican y por eso primero vacunan a sus habitantes”.
La diputada de Juntos por el Cambio, María Alejandra Lorden aseguró que para su bloque “la salud de los argentinos es una prioridad” y si bien sostuvo que apoyaban el proyecto, dejó en claro que el espacio cuestiona la gestión del Gobierno nacional para adquirir vacunas.
