Los diputados bonaerenses pidieron hoy el juicio político del procurador Julio Conte Grand por presunto mal desempeño de sus funciones, al estar sospechado de participar de la mesa judicial integrada por exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con el supuesto fin de espiar y armar causas judiciales contra dirigentes opositores y sindicalistas.
«Como representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires tenemos el deber y la responsabilidad de avanzar con este mecanismo que nos confiere la Constitución provincial y la ley 4434 de juicio político al Procurador General de la provincia», anunció el titular del bloque del FdT, Cesar Valicenti.
El pedido de juicio político fue anunciado por representantes de esa bancada en conferencia de prensa en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados provincial en la ciudad de La Plata.
El inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense establece que es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Susana González, detalló que la nota con el pedido de juicio político «será sometida a sesión extraordinaria, con las 2/3 partes se podrá hacer prosperar la denuncia, o no, y si prospera se debe designar una comisión integrada por 5 miembros que deberán verificar la documentación que se aporte y requiera para poder formalizar la acusación ante el Senado y que el Senado haga su juicio de mérito al juicio político al Procurador y decida el apartamiento preventivo».
En el texto, firmado por los 43 legisladores del oficialismo, se destacan tres elementos tenidos en cuenta para el pedido: «La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre».
En tanto, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Ruben Eslaiman, fue otro de los oradores de la conferencia. «Hoy decimos basta, no queremos más espionaje, más escuchas, ni que se persiga, ni que se espíe a ningún ciudadano de la provincia, sea quien sea, estas cosas no pueden seguir sucediendo en nuestro país ni en la provincia de Buenos Aires», dijo.
Los tres legisladores brindaron un detallado recorrido por varias medidas y acciones tomadas por Conte Grand en relación a la presunta manipulación y armado de causas a opositores a la gestión de Gobierno de Cambiemos y el hostigamiento a funcionarios judiciales que tenían a su cargo causas que implicaban a exfuncionarios de ese espacio.
«Hemos sido testigos todos los bonaerenses y los argentinos de una dinámica política y judicial de la que fuimos víctimas todos porque ese método afecta a toda la sociedad y es un medio para llegar a un fin», destacó Valicenti
La diputada Susana González destacó por su parte que «en esta provincia, con la aprobación de Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir y encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan».
La diputada, en su exposición, también recordó la persecución macrista a periodistas, y citó el caso de los 357 despedidos sin causa de la agencia de noticias Télam, durante la administración de Cambiemos.
En declaraciones a esta agencia, González puntualizó que «hay más videos sobre otras reuniones en ese mismo lugar», en referencia a la sede porteña del Bapro, «con esos mismos exfuncionarios y otros, pero siempre con el mismo fin de construir prueba armada para iniciar mediante el lawfare la denuncia en los medios de comunicación, luego encontraban sobres y escuchas debajo de la puerta e iniciaban causas judiciales».
La legisladora recordó que uno de los dirigentes que sufrió persecución fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien durante este año será enjuiciado por un incidente ocurrido en la Legislatura provincial en diciembre de 2017, causa en la que Conte Grand «colocó dos fiscales que no estaban de turno» y promovió un cambio de carátula de «desobediencia» a coacción agravada».
Durante la conferencia, Eslaiman detalló que se citará a los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Enrique Ferrari; a Pablo y Hugo Moyano; a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; a Marcelo Villegas y Gustavo Ferrari, exministros de Vidal; al senador Juan Pablo Allan y al intendente de La Plata, Julio Garro, y que pedirán «oficio a la AFI por las filmaciones y teléfonos encriptados».
Por otro parte, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso hoy el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, en el marco de la causa conocida como «Mesa judicial bonaerense», el mismo expediente en el que el dirigente sindical de La Plata Juan Pablo «Pata» Medina fue aceptado como querellante.
La causa fue iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se muestran proclives a diseñar una estrategia para encausar a dirigentes sindicales.
